La Fiscalía alerta del aumento de delitos sexuales a menores en Castilla-La Mancha

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, en Toledo, la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2025. En ese balance advirtió de que prácticamente el 80% de los delitos sexuales graves que se llevan a juicio en la región son agresiones sexuales con penetración de adultos a menores de 16 años, que se producen mayoritariamente “en el ámbito familiar”.

Fernández también atendió a los medios de comunicación en el Parlamento regional y sumó a ese dato otras grandes preocupaciones del Ministerio Fiscal. La primera es la ciberdelincuencia, que evoluciona “a peor” con el impulso de la inteligencia artificial (IA). Le siguen el narcotráfico, que ha adquirido “unas proporciones preocupantes”, la delincuencia juvenil y la siniestralidad laboral, ámbito en el que la región sigue registrando “cifras preocupantes”.

El fiscal superior calificó de “preocupante” la cifra de agresiones sexuales con penetración a menores de 16 años. Según explicó, estas agresiones han aumentado y “la cifra no mejora”. El patrón, precisó, no ha cambiado: “La mayoría de estos supuestos se producen en el círculo, vamos a decir, o familiar o cuasi familiar”. Se trata, mayoritariamente, de agresiones de hombres mayores de edad a chicas menores.

Fernández alertó además de “una cifra negra de hechos que no llegan a ser conocidos” o que salen a la luz años después de cometerse. También rechazó, como en años anteriores, que estos delitos sean obra mayoritariamente de personas migrantes, y recordó que en ese ámbito “hay nacionales y hay extranjeros”. “No existe esa equivalencia ni ese temor, quiero decir, fundado para la ciudadanía, de que quién va a realizar, si se produce el hecho, un ataque contra su libertad sexual va a ser un inmigrante ilegal que esté por la calle”, afirmó.

El fiscal advirtió de los “grandes problemas” que plantea la IA en el ámbito de los ciberdelitos. A su juicio, la “facilidad” y las “posibilidades” que ofrece permiten que los delincuentes “puedan perfeccionar sus actuaciones”. Admitió que esta tecnología “puede ser una ventaja para nuestra vida”, pero añadió que también hace “relativamente muy fácil” lanzar “señuelos que llevan a engañar a decenas de miles de personas”.

Fernández citó la existencia de granjas de tarjetas SIM y la posibilidad de obtener en internet “decenas de miles” de números de teléfono, de carné de identidad o de cuentas de correo electrónico. Con esos datos se cometen delitos que la IA hace “más imperceptibles por parte de la víctima”. Recordó que hace unos años estos mensajes “tenían faltas de ortografía, estaban mal escritos”. Hoy, en cambio, la IA ha perfeccionado los medios de comisión, sobre todo en los delitos contra el patrimonio.

Apoyado en datos del Ministerio del Interior, el fiscal afirmó que la ciberdelincuencia está “absolutamente disparada”. Según esos datos, “uno de cada cinco delitos que se cometen en España” tiene relación con las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales. Fernández advirtió además de un “elevadísimo índice de impunidad”. En su opinión, si estos delitos se comparan “con los procedimientos incoados y los juicios celebrados”, existe “una grandísima impunidad”.

Prácticamente el 85% de estas infracciones son estafas y delitos patrimoniales cometidos a través del móvil. Los engaños llegan en mensajes, correos electrónicos, falsas alertas de la Agencia Tributaria o mensajes sobre “el hijo que tiene un nuevo móvil”. El fiscal alertó también del auge de las suplantaciones de identidad y de la captación de menores a través de las redes sociales para generar material de abuso sexual infantil. A su juicio, el cibercrimen “es pujante, es muy sencillo” y cada vez ofrece más posibilidades a delincuentes con dominio técnico de las aplicaciones digitales.

Delincuencia juvenil y menores en el entorno digital
A la Fiscalía le “preocupa sobremanera la delincuencia juvenil”, sobre todo la que se comete a través de las redes sociales. También le inquieta la violencia intrafamiliar de hijos e hijas hacia sus padres o madres. Fernández la describió como un “fenómeno en relativo aumento” que “algunas veces” sufre la “falta de respuesta rápida por parte de la jurisdicción de menores”. Alertó igualmente de la violencia de género entre menores de edad, que aparece cada vez “a una edad más temprana”.

El fiscal lamentó que la convocatoria electoral haya interrumpido la tramitación del proyecto de ley orgánica de protección de los menores en los medios digitales. Según explicó, la norma “trataba un poco de poner orden en el acceso de los menores” a los contenidos digitales, las páginas web y las redes sociales. Algunas de esas situaciones terminan con la captación de menores para elaborar material autogenerado de abuso sexual infantil. “Esto nos preocupa extraordinariamente. Tratamos de potenciar la acción de la Fiscalía, que requiere una previa actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y ahí vamos avanzando”, subrayó.

La Fiscalía dedica además una “atención especial” a la reubicación de los menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. El objetivo es que las resoluciones de traslado y ubicación en las comunidades autónomas se ejecuten en el menor tiempo posible.

Narcotráfico organizado en Toledo y Guadalajara
En materia de delitos contra la salud pública, Fernández explicó que hace tres o cuatro años la región mantenía una “línea homogénea” con otras del entorno por su cercanía con Madrid. Ahora, en cambio, la situación “es muy diferente”. En algunas provincias, particularmente Toledo y Guadalajara, la Fiscalía ha detectado la actividad de grupos organizados “ciertamente peligrosos” dedicados al tráfico de drogas.

“En Toledo hay una actuación de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas de carácter relevante en todas sus vertientes”, señaló el fiscal. Esa actividad se centra fundamentalmente en la cocaína, pero también en las drogas sintéticas y en el cultivo indoor de hachís. La situación ha llevado a designar un delegado de la Fiscalía Antidroga en Toledo. Ahora se intenta conseguir otro fiscal antidroga o un enlace de esa Fiscalía para la provincia de Guadalajara.

Violencia de género: 7.000 asuntos y menos pulseras
En 2025 se incoaron 7.000 asuntos relacionados con violencia de género, de los que 3.400 fueron urgentes. El número de órdenes de protección y de alejamiento se mantuvo, mientras que se redujo el uso de las pulseras, que pasaron de 269 a 224.

Según el fiscal superior, las cifras de violencia de género mantienen “una cierta estabilidad”, aunque no descienden, tampoco las de violencia vicaria. Fernández advirtió también del “incremento progresivo” de la ciberviolencia de género, que “sigue siendo un problema”.

Siniestralidad laboral: 22 causas por homicidio imprudente
Castilla-La Mancha está “a la cabeza” de las muertes por accidente laboral, según el fiscal superior. En 2025 se incoaron 22 causas por homicidio imprudente en accidentes de trabajo, diez más que en 2024. Las causas por lesiones por imprudencia grave, en cambio, bajaron a 580, frente a las 798 del año anterior. Fernández reconoció que los accidentes de trabajo disminuyeron levemente en 2025, pero advirtió de que “lo cierto es que las víctimas de accidentes de trabajo, víctimas mortales, aumentan”.

El fiscal pidió a las empresas que “cumplan escrupulosamente” la ley de prevención de riesgos laborales y reclamó reforzar la Inspección de Trabajo. “Muchas veces el cumplimiento de esta normativa de protección haría imposible estos resultados de muerte”, advirtió. También defendió que “es necesario que se adopte una cultura, fundamentalmente por las empresas” de prevención.

Fernández alertó asimismo del “evidente” retraso de las actuaciones judiciales en este ámbito, con un tiempo de respuesta de unos seis años. La Memoria recoge además otras dificultades señaladas por los fiscales. Entre ellas están la determinación de la autoría y la concreción de las funciones de los presuntos responsables dentro de la empresa. También mencionan “una excesiva tardanza” en la aportación de informes periciales imprescindibles, como el acta de la Inspección de Trabajo.

Los grupos piden más recursos
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado de Vox Luis Blázquez censuró el aumento de la delincuencia, con especial atención a la subida de las agresiones sexuales. Reclamó “más medios para quienes investigan y persiguen los delitos, más protección efectiva para las víctimas y una respuesta eficaz frente a la reincidencia”.

La diputada del PP Tania Andicoberry reivindicó “unas mejores dotaciones para mejorar la seguridad en nuestro territorio” y pidió no perder el objetivo “de seguir trabajando” frente a las cifras de violencia de género. El diputado socialista Ángel Tomás Godoy señaló que se necesita “más personal trabajando en ciberdelincuencia” y formación ante la aparición de la IA. Destacó además las actuaciones de los gobiernos central y regional en este terreno.

Uno de cada dos juicios, suspendido
Fernández aseguró que la Fiscalía regional “presenta buena salud” y que no sufre los retrasos ni los problemas “acuciantes” de los órganos jurisdiccionales de la comunidad. Con prácticamente 100 fiscales en plantilla, su trabajo aumentó un 10% en 2025 respecto a 2024.

La Memoria refleja un “leve crecimiento” de las diligencias previas, que pasaron de 62.069 a 62.857. Una de cada tres corresponde a delitos contra la vida y la integridad corporal, y el 20%, a delitos contra el patrimonio. Las diligencias previas pendientes registraron un aumento “relevante”, del 10%, mientras que el número de juicios rápidos se mantuvo prácticamente igual. Los juicios por delitos leves bajaron de 16.200 a 14.800, un 9% menos, y se realizaron 500 calificaciones más. El Ministerio Fiscal asistió a más de 13.000 juicios, 900 menos que el año anterior. La dilación en la Administración de Justicia en la región se situó en el 37%, una cifra similar a la media nacional.

Pese a ese balance, la Fiscalía identifica “dos grandes problemas”. El primero es la “excesiva dilación” entre la comisión del delito, el enjuiciamiento y la ejecución de la sentencia. El segundo son las suspensiones de juicios, que empeoraron hasta el punto de que en 2025 se suspendió uno de cada dos. El fiscal pidió corregir esta situación “de una forma urgente”, con ampliaciones de plantilla o con “el perfeccionamiento del trabajo de todos”. También defendió la necesidad de cambiar las reglas de investigación penal en España. Sin embargo, lamentó que el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuía al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación, haya “quedado truncado como consecuencia de la convocatoria electoral”.