El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que devolver a Europa más de 900 millones de la PAC para el desarrollo rural, conocido como PDR
Esta pérdida de renta de los agricultores y ganaderos de la región orquestada por el gobierno regional implica menor número de jóvenes en el campo, menor número de colmenas, menor número de ganaderías extensivas, menor superficie ecológico.
Desde la organización agraria Unión de campesinos de Castilla-La Mancha reclaman que el dinero del desarrollo rural recaiga sobre el sector agrario y no se destine a otros usos.
Aclara el sindicato que el presidente de Castilla-La Mancha visita estos días la más importante feria ecológica del mundo, Biofach. Por eso, dicen, que queda muy bien ir a un acontecimiento a nivel europeo y presumir de ser el promotor de la agricultura ecológica. Pero la realidad es otra: su gobierno recortó en un 67% las compensaciones de renta a este tipo de agricultura, aprobadas por Barreda, y expulsó del sistema a 3.000 agricultores ecológicos.
Todo esto con la excusa de falta de presupuesto en el PDR, cuestión que se ha demostrado es mentira, pues de los dos mil millones de euros del programa de desarrollo rural, tan solo quinientos han ido destinados a agricultura, y otros 500 millones los ha destinado a la empresa pública GEACAM.
Según la organización agraria, el resultado es que, teniendo en cuenta el dinero de las prórrogas del PDR, sobran más de 900 millones de euros que se han de devolver a la Unión Europea. Afirman que es una vergüenza que un dinero tan necesario en una región eminentemente agrícola se desperdicie y no se destine a quién se debe que son los agricultores y ganaderos.
Desde La Unión de campesinos de Castilla-La Mancha se preguntan por qué ha ocurrido esto. Y afirman a su vez que podría pensarse que existe un empeño del gobierno de García-Page en desviar dinero del sector agropecuario al mantenimiento de una empresa que realiza un servicio público. Todo servicio público debe financiarse del dinero de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades. Además de que un servicio público no se puede privatizar, algo que recalca el señor Page una y otra vez cuando habla de sanidad o educación, pero que en el caso de la extinción y prevención de incendios ha ofrecido una opinión y acción distintas, quizá debida a que la empresa GEACAM es utilizada por él como una agencia de colocación de miembros del partido que no obtienen un cargo por las urnas.
Concluye esta organización que los empleados de GEACAM, como servicio público que es, deberían ser personal funcionarial de la Junta ¿Por qué no ocurre esto? Porque entonces sus cuentas y contrataciones laborales estarían fiscalizadas y no se podrían manejar presupuestos a antojo. El presupuesto ejecutado en favor de GEACAM se ha duplicado en los últimos años mientras que su número de empleados permanece estable.
Es por ello que desde La Unión de campesinos de Castilla-La Mancha y la Plataforma en defensa de la agricultura y ganadería ecológicas de Castilla-La Mancha denuncian el enorme perjuicio que se ha causado al sector agropecuario, con la merma de ayuda en la agricultura ecológica, la desaparición de la subvención a zonas de favorecidas, la falta de convocatoria anual de la incorporación de jóvenes o de planes de incorporación, y de tantas otras líneas destinadas a ganaderos y apicultores ha tenido la causa en la intención del gobierno de García-Page de utilizar el dinero de los campesinos en mantener una empresa, pública sí, pero empresa.
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