Redondo reclama “soluciones urgentes” para los jóvenes con necesidades especiales que quedan sin recursos al cumplir 21 años

El parlamentario regional del PPCLM, Nacho Redondo, ha defendido hoy en las Cortes regionales una Proposición No de Ley (PNL) para exigir una respuesta urgente al Gobierno de Castilla-La Mancha ante la situación que viven decenas de jóvenes con necesidades especiales en Guadalajara, y sus familias, al finalizar la etapa educativa en los centros de educación especial.

Lamentablemente, la respuesta del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha sido votar en contra, y frenar la PNL que proponía el PP-CLM. Pese a que Redondo ha pedido al Ejecutivo Autonómico que se apartara del discurso fácil del ruido y del guion predeterminado al que nos tiene acostumbrado el PSOE, no han apoyado la iniciativa “que defiende a jóvenes que no pueden permitirse un vacío en su atención y a familias que llevan años dándolo todo y que hoy lo único que piden es no quedarse solas. Para estas familias estamos hablando de su vida, una vida muy sacrificada pero llena de un amor infinito y que no puede esperar más a la que debemos dar una solución”.

Durante su intervención Redondo ha denunciado el “precipicio administrativo” al que se enfrentan muchas personas con grandes necesidades de apoyo al cumplir 21 años, edad máxima de permanencia en los centros de educación especial, sin contar después con plazas suficientes en recursos especializados.

El diputado regional ha asegurado que el caso más preocupante actualmente lo vive Guadalajara. El Centro Público de Educación Especial Pedro Solís atiende a 136 alumnos con necesidades educativas especiales, “pero al finalizar su escolarización muchos de ellos no tienen garantizada una alternativa adecuada e inmediata”.

La situación “es especialmente grave” en el CADIG La Chopera de Yunquera de Henares, que dispone únicamente de 12 plazas de centro de día, actualmente ocupadas, y mantiene ya una lista de espera de 22 jóvenes que podría alcanzar las 30 personas al término del presente curso escolar.
“Estamos hablando de familias que llevan años sosteniendo cuidados permanentes, complejos y agotadores, y a las que la Administración les dice, en la práctica, que a partir de los 21 años se las arreglen como puedan”.

Redondo ha insistido en que esta situación no es un mero problema burocrático, “sino una cuestión de dignidad, justicia y derechos”. La salida brusca del entorno educativo “supone para muchas personas con necesidades especiales perder su estabilidad, rutinas, terapias, referentes y apoyos esenciales para su bienestar, su salud y su desarrollo”.

Además, ha indicado que del impacto que esta falta de recursos “provoca en las familias cuidadoras, especialmente en padres y madres de edad avanzada que afrontan una enorme incertidumbre sobre el futuro de sus hijos”.

Igualmente ha recordado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “reconoce el derecho de estas personas a vivir en la comunidad con apoyos adecuados, y se advirtió de que la ausencia de planificación y plazas suficientes supone también un incumplimiento de derechos.

Asimismo, Redondo ha citado a otras comunidades autónomas que ya están impulsando medidas específicas para garantizar continuidad asistencial más allá de los 21 años, como la Comunidad Valenciana o Canarias.

“Hoy tenemos la oportunidad de decidir qué mensaje queremos enviar a estas familias: si a los 21 años termina un expediente o si comienza una nueva etapa en la que la Administración seguirá acompañando a quienes más apoyo necesitan”, ha aseverado.

Redondo ha apelado a la sensibilidad y responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para respaldar una iniciativa “razonable, necesaria y profundamente humana. Una sociedad también se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan. Y háganlo, y esto se lo digo por experiencia propia, porque es una satisfacción personal indescriptible”.

La iniciativa parlamentaria reclamaba cuatro medidas concretas:

1. La ampliación o flexibilización urgente de la permanencia educativa para los alumnos que cumplen 21 años sin plaza alternativa.

2. La aprobación de un plan específico de transición a la vida adulta para Guadalajara.

3. La elaboración de un mapa regional actualizado de necesidades.

4. La creación o ampliación estructural de recursos especializados en la provincia.