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CSIF alerta del deterioro del mercado laboral regional, del impacto del desempleo femenino y de la pérdida de empleo público en Sanidad y Servicios Sociales
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CSIF alerta del deterioro del mercado laboral regional, del impacto del desempleo femenino y de la pérdida de empleo público en Sanidad y Servicios Sociales

Evolución negativa con 6.339 puestos de trabajo perdidos desde julio: CSIF exige la devolución de las subvenciones concedidas a CCOO y UGT para proteger a los colectivos más vulnerables, aumentar la estabilidad del empleo y reforzar los servicios públicos.

miércoles 4 de noviembre de 2026, 12:14h
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa Genera de la Función Pública en Castilla-La Mancha, lamenta la subida del paro en octubre en 2.059 personas en octubre, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 120.192 personas, de acuerdo a los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La comunidad autónoma encadena su cuarto mes consecutivo de destrucción de empleo (6.339 puestos de trabajo perdidos desde julio) dentro de una dinámica negativa del mercado laboral de la región, que además contó con 2.051 desempleados más en términos interanuales. El paro subió en octubre en todas las provincias y en todos los sectores, especialmente en Servicios (64,7%).

La desigualdad de género es otro de los factores negativos del mercado laboral de Castilla-La Mancha. La mayor parte del empleo destruido en octubre fue femenino (1351 mujeres) hasta situar el paro femenino en 78.004 mujeres (64,9% del total). Además, ellas representan el 57,2% de los contratos temporales, pero bajan al 43% en el caso de los contratos indefinidos.

Por último, CSIF también pone el foco en la pérdida de empleo público en el ámbito sanitario y de servicios sociales, con la pérdida de 2.946 afiliaciones.

Tras todos estos indicadores, CSIF reclama nuevamente la devolución de todas las ayudas millonarias recibidas por CCOO y UGT por parte del Gobierno regional: a 1 de octubre, ambos sindicatos habían percibido un total de 56,2 millones de euros (actualmente, los datos del Portal de Transparencia no son accesibles). Estas cantidades deben ser restituidas para proteger a los colectivos más vulnerables, aumentar la estabilidad del empleo y reforzar los servicios públicos.
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