“Encalamado”

El nuevo "encalamado" de la política española ha sido José Luis Rodŕíguez Zapatero; cercado por la Audiencia Nacional e imputado por el juez José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que también es el responsable de investigaciones como la del apagón eléctrico sufrido el 28 de abril de 2025 o la estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club.

En el argot de la calle y de las redacciones de tribunales, "encalomar" siempre ha sido el verbo preferido para describir el juego de pasar la patata caliente. Significa endosar una culpa, colgar un muerto político o, en su acepción más policial, pillar a alguien con las manos en la masa y ponerlo a disposición de la justicia. Durante una década, José Luis Rodríguez Zapatero arrastró el sanbenito de haber sido el culpable único de la crisis de 2008. Sin embargo, la actualidad ha transformado el significado de la palabra para el expresidente: ya no se trata de un relato mediático; esta vez, el juez Calama le ha "encalamado" una imputación penal en toda regla.

La Audiencia Nacional ha sacudido los cimientos de la política española con un auto de 85 páginas. El juez sitúa a Zapatero en el "vértice" y como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" dentro del conocido caso Plus Ultra. El auto ha impactado de lleno en la línea de flotación de Ferraz. La investigación por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental no solo afecta al expresidente, sino que sacude los cimientos éticos de un Gobierno que hizo de la regeneración y la lucha contra la corrupción su bandera fundacional. ¡Qué paradójico! ¿Verdad?

Sin ningún género de duda al vincular el "buen nombre" de Zapatero con la propia dignidad del proyecto socialista, el sanchismo ha cruzado un punto de no retorno: si el expresidente cae el próximo 2 de junio en las dependencias judiciales, arrastrará consigo la precaria estabilidad de las siglas que hoy gobiernan España. Esta defensa a ultranza del PSOE de Sánchez a Zapatero evidencia que el “caso ZP” debe de salpicar a altos cargos del Gobierno de Sánchez que seguramente fueron contactados por el expresidente para ejercer su influencia. Estos funcionarios clave de la Administración del Estado también deben de estar en su casa encerrados y con miedo a ser “encalamados”.

Pero no deben de subestimar a Sánchez y su capacidad de supervivencia; seguro que ya está preparando un nuevo truco de ilusionismo político para desviar la atención y para perpetuarse en el poder. En la política del sanchismo, los golpes de timón e ilusionismo más decisivos rara vez se dan en los mítines, o en las televisiones; se cocinan en los boletines oficiales. Mientras la atención pública se desgasta en el día a día parlamentario y judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez avanza de forma silenciosa en una de las operaciones de ingeniería demográfica más ambiciosas de la democracia reciente. La llamada Ley de Memoria Democrática —popularmente conocida como la Ley de Nietos— ha dejado de ser una simple medida de reparación histórica para convertirse, a ojos de analistas y oposición, en el auténtico "comodín" electoral del sanchismo. A primera vista, la concesión de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes y exiliados se presenta bajo el manto ético de la justicia. Sin embargo, la letra pequeña y el calendario revelan una fría matemática electoral. Con las oficinas consulares desbordadas y más de medio millón de nuevos ciudadanos ya registrados en el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA), la demografía política de España está sufriendo una metamorfosis irreversible desde el exterior.

El verdadero peligro de esta medida no radica en el volumen total de votos, sino en su distribución estratégica. En el sistema electoral español, fuertemente condicionado por la Ley D'Hondt, los escaños de las provincias pequeñas y despobladas se deciden a menudo por un puñado de papeletas. Es ahí donde el plan adquiere tintes de "trampa" legalizada. Un ciudadano que jamás ha pisado España, cuyo abuelo emigró en los años cincuenta, puede terminar empadronado por arraigo en provincias como Lugo, Zamora o Cuenca. Al introducir miles de nuevos votantes procedentes de Latinoamérica en circunscripciones con censos reducidos, Moncloa altera drásticamente los equilibrios de poder tradicionales. Es la fragmentación perfecta: ganar escaños decisivos sin necesidad de convencer al votante que sufre la inflación o la presión fiscal del día a día en territorio nacional.

El sanchismo ha demostrado una capacidad de supervivencia inaudita, sustentada siempre en el uso “creativo” del marco normativo. Utilizar el censo del exterior como un dique de contención frente al desgaste interno y los escándalos como el de ZP no es una teoría de la conspiración; es una estrategia de manual. Convertir la nacionalidad española en una herramienta de captación masiva de sufragios desvirtúa el concepto de ciudadanía. Mientras los residentes en España castigan o premian la gestión económica del Ejecutivo en base a su realidad cotidiana, el destino del país podría terminar decidiéndose en los consulados de Buenos Aires, Caracas o La Habana. Un "comodín" definitivo con el que Pedro Sánchez busca asegurarse de que, incluso cuando las encuestas en casa le den la espalda, las matemáticas del exterior siempre le cuadren.

Antonio de Miguel