El miércoles 12 de abril comienza en Guadalajara un juicio contra 27 personas que defraudaron el IVA con un entramado empresarial

El Ministerio Fiscal reclama como responsabilidad directa y solidaria 29.303.330 euros a todos los acusados

La Audiencia Provincial de Guadalajara acogerá, a partir del próximo 12 de abril y previsiblemente hasta el 29 de junio, un macrojuicio en el que se juzgará a 27 personas, acusados de defraudación tributaria y falsedad documental, por defraudar cerca de 30 millones de euros creando para ello una trama de defraudación del IVA.

El Ministerio Fiscal pide para cada uno de los acusados penas que van desde los dos años y medio hasta los cuatro años de cárcel, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía.

En el mismo se recoge que los acusados, “puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito”, se estructuraron mediante un entramado del tipo conocido como ‘fraude carrusel’, creando una trama organizada dedicada a la defraudación del IVA, consistente en la venta interior de componentes informáticos adquiridos de otros países de la Unión Europea, repercutiendo este impuesto, pero no ingresándolo, y “beneficiándose de manera claramente estructurada, consciente y premeditada, utilizando para ello truchas, truchas remotas, pantallas y distribuidoras”.

En concreto, dejaron de ingresar el Impuesto sobre el Valor Añadido por importes de 5.907.058,54 euros, 5.380.201,40 euros, 11.344.081,14 euros y 6.671.979,84 euros en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

ORGANIZACIÓN SOCIETARIA
En dicho escrito se recoge también como la totalidad de las empresas integrantes de la trama actuaban de forma conjunta y estructurada en una organización societaria dirigida y gestionada de forma unitaria, con la única finalidad de defraudar el IVA.

Para ello se realizaban adquisiciones intracomunitarias, básicamente por la entidad JGG Unique Way, aunque también por otras, por un importe total de 38.652.284 euros. Los productos adquiridos a través de ésta eran, a su vez, trasmitidos a terceros clientes nacionales externos, cuyas ventas se han estimado en un importe de 31.676.601 euros.

Las entidades de la trama se deducían facturas falsas, consignando en sus declaraciones tributarias cuotas soportadas ficticias por esas facturas, para evitar ingresar el IVA, que repercutían a sus clientes, obteniendo importantes beneficios económicos. Son más de 40 las empresas utilizadas por la trama.

Así, dicha estructura organizada estaba dirigida por J.G.G. y J.C.M.B., los cuales crearon un entramado de empresas pantalla para la introducción en España de material informático sin ingresar el IVA repercutido, sirviéndose de facturas falsas emitidas por entidades instrumentales de la trama.

Por debajo de los dos directores de la trama estaban las acusadas T.G.G. —hija de J.G.G. y con funciones de control de la contabilidad— y S.R.J. —pareja de J.C.M.B. y administradora única de una sociedad pantalla sin actividad real y a cuyo teléfono llegaban los códigos bancarios para realizar transferencias—.

Siguiendo instrucciones de los cuatro anteriormente mencionados, si bien disponiendo de cierto margen de actuación, estaban B.G.A. — relacionada con las empresas Gestión Administrativa Soluciones 1022 SL, Fresh Universo Unipessoal Lisa, Gropun Online JBJ SL y Sympathy& Spend Unte— y su pareja F.J.P. —socio único de Mornox Fb SLu—, ambos al frente de una trama de empresas en León.

A estos hay que sumar otros acusados que actuaban como testaferros, administradores de las sociedades utilizadas en el proceso defraudatorio o como cooperadores, todos ellos con pleno conocimiento de la actividad defraudatoria, según el escrito de la Fiscalía.

Los hechos narrados son constitutivos de cuatro delitos de defraudación tributaria por el IVA relativo a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

El Ministerio Fiscal considera también que procede se declare la responsabilidad directa y solidaria de todos los acusados en el importe de 29.303.330 euros, más los intereses legales que se produzcan desde la fecha de la liquidación hasta su completo pago.