El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha declarado “nulo de pleno de derecho” el presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Trillo para este año por considerar que el Equipo de Gobierno, del PP, vulneró el derecho fundamental de “participación política” de la portavoz del Grupo Socialista y de los concejales de la oposición. El tribunal señala en su fallo que se ocultó información básica, y condena al alcalde, Francisco Moreno, y a los concejales del PP a facilitar por escrito toda la información que ocultó, pese a las reiteradas peticiones recibidas durante la tramitación del presupuesto.
La portavoz del Grupo Socialista, Ana Pérez Puig, denunció ante los tribunales que el alcalde pretendía gastar varios millones de euros sin proyecto ni documento de referencia alguno que respaldara la inversión. “De este modo podía contratar las obras sin control, pues no había medio de contrastar el precio final con el proyecto previo. El resultado es que, una vez más, los perjudicados iban a ser los vecinos de Trillo. No solo por tener que pagar unos costes descontrolados, sino por la falta de garantías sobre la calidad de las obras”, ha subrayado Pérez Puig.
De hecho, la sentencia conocida ahora contiene serio varapalo al modo de proceder del alcalde y el Equipo de Gobierno del PP, que en febrero de este mismo año ya fueron condenados por negarse a facilitar información sobre el reparto de fondos públicos entre determinados funcionarios. Así, el TSJ dice textualmente que el Ayuntamiento actuó “con notable informalidad” y advierte de que “la informalidad en la actuación municipal no puede repercutir en perjuicio del derecho a la información”.
Más severo se muestra aún cuando afirma que “resulta inadmisible que el Ayuntamiento se limitase a decir que no había proyecto alguno y que pretenda que con eso se cumple el derecho a la información”. Y agrega que “si actúa de manera tan sorprendentemente informal que prevé la inversión y la cuantifica sin que haya el mínimo proyecto escrito”, debería haberlo reconocido ante al Grupo Socialista, facilitándole al menos la misma información que trasladó al arquitecto técnico.
A modo de ejemplo, destaca que la inversión denominada “frontón municipal” estaba dotada con 100.000 euros “sin un solo proyecto o documento escrito”. Por tanto, ante la solicitud de información del Grupo Socialista, el alcalde tendría que haber emitido un informe “donde se diga que no hay tal documentación, pues todo se hace de manera alegremente verbal, y plasmar por escrito cuáles son las ideas que verbalmente se dieron para realizar la cuantificación en 100.000 euros”. La advertencia final es terminante: “El Ayuntamiento no puede burlar el derecho de información de los concejales a base de no poner por escrito nada de lo que en pura lógica debería tener algún tipo de respaldo documental”.
Igual de rotundo se muestra al analizar el gasto previsto en el capítulo denominado “inmovilizado en edificios municipales”: “Si el Ayuntamiento sabía lo que quería hacer hasta el punto de que se pudo cuantificar la inversión en 269.560,06 euros, y pudo dar al arquitecto las indicaciones precisas para considerar razonable esa cifra, habrá de dar las mismas indicaciones y explicaciones al Grupo Socialista que pide el proyecto en que se basa esa cuantificación, así como los cálculos realizados por el arquitecto”.
Pese a que el alcalde ha mantenido un ritmo de gasto frenético durante el tiempo que ha durado el pleito para agotar la mayor parte de las inversiones antes de que se produjera la sentencia, el Grupo Socialista va a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir la dimisión del alcalde “por ser el principal responsable de haber dañado la imagen del Ayuntamiento de Trillo con su manera de gestionar los asuntos públicos”. Igualmente, Pérez Puig ha adelantado que pedirán la revisión de la legalidad de todos los gastos cargados al presupuesto de inversiones, así como la paralización de cualquier otro de ahora en adelante.
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