El PP denuncia que la Ley Celaá “no puede ser un pago de Sánchez a Podemos e independentistas a costa de la educación de nuestros hijos”
Rodríguez critica que el PSOE acepte las exigencias de sus socios a cambio de un pacto de legislatura “sin importarle lo más mínimo las necesidades reales de los españoles”
martes 01 de diciembre de 2020, 18:51h
El senador del Partido Popular por Albacete y miembro de la Comisión de Educación en el Senado, Ramón Rodríguez, ha denunciado que la Ley Celaá “no puede ser en ningún caso un pago que Sánchez y el PSOE hagan a Podemos e independentistas con la educación de nuestros hijos”. El senador ha insistido que esta Ley no puede ser un cambio político para que les aprueben los presupuestos y lograr un pacto de legislatura, sin importarle lo más mínimo las necesidades reales de los españoles.
Así se ha pronunciado Rodríguez esta mañana en rueda de prensa en Guadalajara acompañado por el vicesecretario de Organización, Alfonso Esteban, donde ha recordado que la Ley de Educación que proponía el PSOE en su programa electoral nada tiene que ver con la Ley que han presentado. El motivo de esta transformación radical de los socialistas, ha dicho “es poder mantenerse en el Gobierno cuatro años a costa de la educación de nuestros hijos y de privar de la libertad de elección a los padres”.
El senador popular ha reprochado a los socialistas que se hayan sentado a hacer una ley sin contar con la comunidad educativa, sin contar con el Consejo de Estado, sin contar con el Consejo Escolar del Estado e incluso, ha recordado, hace unas semanas la propia Unión Europea decía que “esta ley si no tenía consenso y diálogo tendía al fracaso”.
Rodríguez ha explicado que, a la hora de elaborar esta Ley, Podemos exigió como pilar fundamental que existiera una red única pública de centros estatales. Esto significa que los padres no puedan elegir porque solo va a existir un tipo de escuela, y precisamente “nos llevará a esa famosa frase de la ministra Celaá en la que afirmaba que educativamente los hijos no pertenecen a los padres sino al Estado”. Esta exigencia de Podemos se traduce “en la eliminación progresiva de todos los centros públicos-concertados porque no son estatales, no habrá nada que elegir”. Pero, además, “no podremos elegir dentro de los estatales los que queramos, sino los que están cerca de nuestra casa”.
Por otra parte, los independentistas son claros y piden desconectarse del Estado y así imponen en esa Ley que el castellano no pueda ser en ningún caso la lengua materna vehicular para educar,” y de este modo apartar al castellano como lengua materna”, ha explicado.
Otras de las medidas que incluye esta norma como exigencia de los independentistas y que muchas personas desconocen es que la figura de los inspectores, que son aquellos que se dedican a supervisar lo que ocurre en los centros y a mantener la legalidad, “sean elegidos a dedo”. Así, los partidos independentistas “pondrían en estos puestos a gente afín y por lo tanto no tendrían nada que supervisar de lo que se haga en sus centros”.
Uno de los objetivos del PSOE va encaminado a maquillar las cifras tan desastrosas que tenemos de fracaso escolar y repeticiones en España, ocupando los peores puestos en Europa. Para acabar con este problema existen dos vías; la profesional que logra bajar las ratios dotando de más recursos, más profesorado, más material o modernizando la educación. De este modo, ha dicho Rodríguez, la calidad de la enseñanza subiría, pero requiere un tiempo, pero la ministra Celaá ha escogido la vía rápida permitiendo pasar con suspensos y sin necesitar méritos para promocionar. “Se trata de un verdadero coladero para cuando llegue el momento de mostrar las cifras, poder decir que todo el mundo está aprobado y que va la universidad, pero con una preparación dudosa”.
En senador popular ha lamentado que esta sea la verdadera historia de la Ley Celaá. Por esta razón, desde el PP denunciamos que “esta Ley no puede ser un pago que Sánchez haga a Podemos e independentistas con la educación de nuestros hijos”. Por ello, ha apuntado que van a llevarla al Constitucional y también a Europa para que vean que este despropósito no puede seguir adelante porque nos jugamos la educación de nuestros hijos”, ha concluido.