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El sindicato CSIF de Castilla La Mancha critica la creación de puestos de trabajo sin justificar en la Junta del socialista Page
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El sindicato CSIF de Castilla La Mancha critica la creación de puestos de trabajo sin justificar en la Junta del socialista Page

El Gobierno regional de Page plantea una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo sin precedentes que deriva en la contratación de altos cargos, y la creación de más de centenar de nuevos puestos de libre designación con un importe en la arcas públicas que supera los 4 millones de euros

miércoles 18 de septiembre de 2019, 21:11h
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se muestra contraria a la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tanto de personal funcionario como de personal eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una modificación sin precedentes con contrataciones injustificables.

A pesar no contar con el voto favorable de ninguna fuerza sindical en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la Junta de Comunidades celebrada hoy, CSIF teme que en los próximos días se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la mayor modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de funcionarios de los últimos años con más de un centenar de nuevos puestos de libre designación que supera los 4 millones de euros, además de los seguros sociales, todo en aras de una supuesta reorganización de consejerías que ha derivado en la contratación de numerosos altos cargos que asimismo llevan asociados salarios muy elevados.

En detalle, se crea una consejería nueva, se amplía a 9 el número de viceconsejerías frente a las 5 que había anteriormente y se da el rango de viceconsejero al Comisionado del Reto Demográfico, el exalcalde y expresidente de la Diputación de Guadalajara Jesús Alique. Además, se amplía el número de direcciones generales (DG) a 42 frente a las 31 que había en la anterior legislatura.

CSIF considera que esta reorganización no responde a una necesidad real, tal y como se evidencia en el hecho de que la Consejería de Fomento pierde gran parte de sus competencias, que pasan a Hacienda y Administraciones Públicas y a la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible (las antiguas direcciones generales de Comunicación y Planificación Territorial), pero desdobla las dos direcciones generales que mantenía en cuatro: Vivienda, Urbanismo, Carreteras y Transportes.

En esta línea, en la Consejería de Bienestar Social las competencias de las anteriores DG de Dependencia y la DG de Acción social y Cooperación las asumen dos nuevas viceconsejerías, pero sorprendentemente se siguen manteniendo las direcciones generales.

En la Consejería de Agricultura se ha creado la Viceconsejería de Medio Rural, que asume gran parte de las competencias de la DG de Desarrollo Rural, pero mantiene sus cuatro direcciones generales a pesar de que las responsabilidades de Medio Ambiente se trasladan a la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible.

A todo esto hay que sumar los 45 puestos de delegados provinciales que han pasado de ser de funcionarios a cargo político. Pero para darle contenido a este auténtico despropósito es necesario reordenar a los funcionarios sin seguir ningún criterio y aprovechar la situación para crear puestos de Jefes de Servicio, Coordinadores y Secretarios de alto cargo.

Con esta modificación de la RPT, la Central Sindical subraya que ‘hay más pastores que ovejas en el rebaño’. Para colmo, la Mesa sectorial de ‘no negociación’ celebrada esta mañana, la Dirección General de Función Pública amplia su número de puestos de asesor, con 12 nuevas incorporaciones, 9 de ellas para llevar las redes sociales de las diferentes consejerías a una media de 50.000 euros de sueldo al año.

Para CSIF, la incorporación de los perfiles profesionales propuestos se opone a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública y el importante impacto que tendrá en las arcas autonómicas. La Administración regional no puede usarse en ningún modo como una agencia de contratación, por lo que CSIF critica no sólo el uso abusivo de la mayoría absoluta por parte del Gobierno regional sino también el uso particular del erario público.
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