Usted vote que nosotros elegimos

Ahora que todos los partidos están inmersos o ya han terminado de confeccionar sus listas electorales, conviene recordar que una parte decisiva del poder político se reparte mucho antes de que los ciudadanos podamos votar. Estos días estamos viendo como en las sedes de los partidos ya comenzaron los movimientos, las llamadas, los cambios forzados de última hora, las aspiraciones, las injusticias los enfados, las decepciones y los cálculos. Unos esperan repetir, otros aspiran a entrar y algunos descubren que su carrera política depende de una decisión que se tomará lejos de los ciudadanos a los que supuestamente representarán.

Las elecciones empiezan mucho antes de que se abran los colegios electorales. Empiezan en los despachos de las élites de los partidos donde se confeccionan las listas; es uno de los momentos más reveladores de nuestro sistema político. Porque mientras la democracia se presenta como el gobierno de los ciudadanos, la realidad es que, cuando estos llegan a las urnas, alguien ha decidido previamente por ellos quién puede ser elegido y, sobre todo, quién tiene posibilidades reales de conseguir un escaño. Nuestro sistema de listas cerradas y bloqueadas para el Congreso de los Diputados y buena parte de las instituciones representativas constituye uno de los mecanismos más eficaces de concentración del poder dentro de los partidos. El ciudadano no puede elegir a una persona, alterar el orden de los candidatos ni premiar a quien considera un buen representante. Vota una candidatura completa, confeccionada y ordenada previamente por los órganos del partido. Y en ese orden está la verdadera clave del poder.

No es lo mismo ocupar el segundo puesto de una candidatura que el décimo. No es lo mismo encabezar una lista que aparecer en ella como simple acompañante. Quien decide esas posiciones tiene en sus manos buena parte del futuro político de los candidatos. Puede premiar fidelidades, castigar discrepancias, garantizar continuidades o poner fin a carreras políticas sin necesidad de someter esas decisiones al juicio de los electores. El diputado sabe perfectamente a quién debe su escaño. Naturalmente, necesita los votos de los ciudadanos, pero para poder recibirlos alguien ha tenido antes que colocarlo en un puesto de salida. Y sabe también que, dentro de cuatro años, su continuidad dependerá en gran medida de que quienes confeccionan las candidaturas vuelvan a contar con él.

De ahí nace una de las grandes perversiones de nuestro sistema representativo: el político aprende a mirar hacia arriba, hacia quien hace las listas, antes que hacia abajo, hacia quienes depositan las papeletas. No necesariamente por falta de principios o de vocación pública. Sencillamente, porque el sistema establece unos incentivos que favorecen la obediencia interna frente a la independencia personal. Discrepar puede salir caro. Tener criterio propio puede convertirse en un inconveniente. Y representar con libertad a los ciudadanos puede resultar menos rentable que mantener una buena relación con quienes controlan el aparato. Así se va configurando una clase política en la que la fidelidad a la organización corre el riesgo de pesar más que la capacidad, la trayectoria profesional, el arraigo social o el conocimiento de los problemas reales de la gente.

A esta primera traba democrática y candado representativo de nuestro sistema se añade otro no menos importante: el dinero. Nuestros partidos se sostienen en buena medida mediante financiación pública. A las subvenciones ordinarias vinculadas a los resultados electorales se suman las subvenciones electorales que regula la ley del régimen electoral (21.167,64 euros por cada escaño y 0,81 euros por cada voto al Congreso). No se trata de negar la necesidad de una financiación pública transparente, que también puede servir para evitar dependencias económicas privadas y garantizar el pluralismo. El problema aparece cuando la estructura económica de los partidos, unida al control de las candidaturas, refuerza extraordinariamente el poder de sus direcciones. Quien controla las listas condiciona la composición de los grupos parlamentarios. Quien controla los grupos dispone de una influencia decisiva sobre los recursos y la organización. Y quien controla la organización cuenta con una posición privilegiada para decidir las siguientes candidaturas. El círculo se cierra. En medio de todo ello queda el ciudadano, convertido demasiadas veces en un espectador al que se convoca periódicamente para legitimar decisiones tomadas con anterioridad.

Esta es, probablemente, una de las razones de la creciente distancia entre la sociedad y la política. Muchos ciudadanos sienten que sus representantes no les pertenecen, que no responden ante ellos y que, una vez celebradas las elecciones, su capacidad de influencia se reduce considerablemente. No es que falten elecciones. Es que falta una relación más directa entre el elector y el elegido. La democracia no puede reducirse al acto de introducir una papeleta en una urna cada cuatro años. Necesita también una cultura de responsabilidad, cercanía y rendición de cuentas. Necesita representantes que sepan que su continuidad depende de la confianza de los ciudadanos y no exclusivamente de la voluntad de quienes dirigen sus partidos.

En 1919, Max Weber pronunció su célebre conferencia “La política como vocación”, en la que distinguió entre quienes viven «para» la política y quienes viven «de» la política. No planteaba una distinción moral absoluta: ejercer profesionalmente la política y recibir una remuneración por ello es perfectamente legítimo. La cuestión es qué sucede cuando los mecanismos de acceso y permanencia en el poder favorecen la dependencia personal de quienes administran las carreras políticas. Un sistema que convierte la inclusión en una lista electoral en la principal garantía de continuidad profesional corre el riesgo de fomentar políticos más preocupados por conservar su puesto que por ejercerlo con independencia. Y eso debería preocuparnos a todos, con independencia de nuestras preferencias ideológicas. Porque este no es un problema exclusivo de la derecha, de la izquierda o de un partido concreto. Es una deficiencia estructural que atraviesa buena parte de nuestro sistema político y que beneficia a quienes, desde las distintas organizaciones, tienen capacidad para decidir quién entra, quién sale y quién ocupa los puestos con posibilidades reales de elección.

Ahora que estamos inmersos el proceso de elaboración de las próximas candidaturas, sería saludable que los partidos hablarán menos de renovación como consigna y más de democracia interna como compromiso efectivo. Que explicaran con transparencia cómo seleccionan a sus candidatos, qué participación tienen los afiliados, qué peso se concede al mérito y a la trayectoria, y por qué unas personas ocupan puestos de salida mientras otras quedan relegadas. Y sería igualmente saludable abrir, de una vez, un debate serio sobre la reforma de nuestro sistema electoral. Las listas desbloqueadas, el voto preferencial y otros mecanismos que permitan al ciudadano intervenir en la elección de sus representantes merecen ser discutidos sin el temor de quienes consideran que cualquier pérdida de control del aparato constituye una amenaza. No existe un sistema electoral perfecto. Pero esa evidencia no puede servir de excusa para mantener indefinidamente uno en el que las direcciones partidistas acumulan tanto poder sobre el futuro de sus representantes. Los partidos son instrumentos imprescindibles de la democracia. No deberían convertirse en sus propietarios.

Dentro de poco entraremos de lleno en la campaña electoral y volveremos a escuchar discursos sobre la soberanía popular, la participación ciudadana y la importancia decisiva de nuestro voto. Nos pedirán confianza, compromiso y responsabilidad. Nos recordarán, con razón, que votar es uno de los derechos fundamentales de una sociedad libre y que estamos en un momento decisivo de la historia de España y por tanto tenemos que ir masivamente a votar el domingo 29 de noviembre; pero convendría que, antes de pedirnos el voto, respondieran a una pregunta mucho más sencilla: ¿Por qué quienes vamos a elegir a nuestros representantes no podemos participar también en la elección de las personas que nos van a representar? Porque una democracia en la que los ciudadanos votan, pero las élites de los partidos deciden previamente quién puede ser elegido, conserva intacto el ritual electoral, aunque mantiene una parte esencial del poder lejos de aquellos en cuyo nombre se ejerce.

Y quizá haya llegado el momento de recordar que los escaños no son propiedad de los partidos, ni de sus dirigentes, ni de quienes confeccionan las listas. Pertenecen a la representación de los ciudadanos. Y es ante ellos, antes que ante cualquier despacho o jerarquía y élites del partido, donde debería responder quien los ocupa.

Antonio de Miguel