El alcalde de Cuenca pidió al TSJ que revisase una sentencia favorable al Ayuntamiento porque perjudicaba al PSOE

El portavoz del Grupo Popular, Pedro J. García Hidalgo, ha desvelado hoy que el equipo de gobierno presentó un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha instándole a modificar una sentencia favorable al Ayuntamiento y condenatoria para el Grupo Municipal Socialista. El alcalde Juan Ávila alegó en el documento que “había un error” en esta sentencia que hacía referencia a un contencioso iniciado en la legislatura por el PSOE en la oposición.

García Hidalgo ha calificado este hecho de “intolerable” porque muestra la forma sectaria de gobernar de Ávila y un intento de beneficiar a su partido sin importarle perjudicar al Ayuntamiento. El TSJ evidentemente no ha tenido en cuenta el escrito del consistorio, y ha ratificado la sentencia favorable a los intereses de todos los conquenses, pero si se hubiese tenido en cuenta esta solicitud de Ávila, “el daño para las arcas municipales habría sido muy considerable”. Según el portavoz popular, superaría el millón de euros, pues afecta a trabajadores municipales y a indemnizaciones importantes.

Este es un episodio más de un “rocambolesco” asunto, que ya fue denunciado por el Grupo Popular en el mes de mayo, cuando dieron a conocer que el Ayuntamiento había recurrido una sentencia con recursos municipales de un recurso iniciado por el grupo socialista. Entonces les acusaron de haber cometido un presunto delito de malversación de fondos públicos. Finalmente esa denuncia no prosperó porque los socialistas abonaron al consistorio las costas como estaba previsto en la sentencia.

Todo comienza en la legislatura anterior, cuando el GMS recurre las bases de las oposiciones de diversas plazas para conserjes, ayudantes de aguas, vigilantes de cotos y técnico de prevención de incendios. Después las elecciones cambian el gobierno del Ayuntamiento y Ávila toma posesión el 11 de junio de 2011. Dos días más tarde paraliza mediante decreto todos estos procesos selectivos. El 25 de julio de ese año se celebra la vista del contencioso interpuesto por el GMS. El Ayuntamiento, ya socialista, se allana y renuncia a defender sus propios actos apartándose del procedimiento, en una decisión claramente partidista. Mientras tanto, los afectados continúan defendiéndose.

Posteriormente se dicta sentencia que desestima el recurso de los socialistas y avala la legalidad de los acuerdos tomados por el gobierno anterior. No contentos con el resultado, recurren ahora al TSJ que vuelve a dictar sentencia en abril de 2013 condenándoles a pagar las costas. Aquí es cuando aparece de nuevo el gobierno de Ávila, que sin ser ya parte interesada, recordemos que se allanó en su momento, impugna las costas por considerarlas excesivas. Un hecho que podría ser malversación de fondos, pues “se estaba defendiendo los intereses del GMS con recursos municipales”. Obviamente el TSJ dijo que el consistorio no estaba legitimado para impugnarlas, puesto que el pago de las costas le correspondía al grupo socialista, que fue quien perdió. Sin embargo, por haber impugnado, condena al Ayuntamiento al pago de estas nuevas costas, “por haberse metido donde no le llamaban”.

No satisfechos con este desbarajuste, insiste Hidalgo, se les ocurre pedir al TSJ que revoque la sentencia que es favorable al Ayuntamiento, en una decisión “ilógica”. ¿Quién pide a un tribunal que modifique una sentencia que le es favorable y que además si se cambia supondría un coste para sus arcas municipales de más de un millón de euros?

Sin contar las costas procesales, la petición de cambio de sentencia que hace Ávila podría suponer, según la fórmula de cálculo de la intervención realizada en casos similares, una suma muy importante pues a la valoración patrimonial de las indemnizaciones habría que sumar la valoración moral.

Los populares creen que con esta extraña maniobra, Ávila pretende beneficiar al grupo socialista y perjudicar a determinados funcionarios, que parece que le son “incómodos”.