El grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares registraba la pasada semana dos mociones para ser debatidas en el próximo Pleno. Una, consistente en exigirle al Gobierno de José Luis Blanco el cumplimiento del compromiso adquirido en sesión plenaria y firmado por todos los grupos políticos para que abra una línea de subvenciones y microcréditos públicos a PYMES y autónomos con la que ayudar al tejido empresarial y económico del municipio.
Según ha manifestado su portavoz, María José Pérez Salazar, nuestros comerciantes necesitan ayuda más que nunca y lamenta que mientras el resto de ayuntamientos cercanos como Alovera, Marchamalo o Guadalajara ya lo han puesto en marcha, el de Azuqueca aún no ha fijado ni siquiera los requisitos para acceder a esas ayudas. Insiste en que no sabe a qué está esperando el Equipo de Gobierno de Blanco para atender a las necesidades del tejido comercial de la localidad.
Por otro lado, la formación de izquierdas presentará otra moción para exigir al Gobierno de Emiliano García-Page que, de manera urgente, refuerce la atención primaria sanitaria. Pérez ha lamentado que en esta legislatura se haya producido un incremento en las listas de espera y que se arrastre un importante déficit. Afirma que se cuenta con menos médicos, menos camas y menos servicios y que esa situación persiste desde hace años. Las listas de espera para la atención telefónica aumentan, muchas de las llamadas no pueden ser atendidas por saturación de las líneas y los profesionales sufren un aumento de funciones porque no se contrata personal.
La portavoz del grupo municipal de IU está convencida de que mientras haya un presupuesto de 44,6 millones de euros a RTVCLM, cuatro millones más que en el año 2019, el Ejecutivo de García-Page está en condiciones de ofrecer unas garantías laborales dignas a los profesionales de la sanidad y un buen servicio al conjunto de la ciudadanía. Pérez ha finalizado diciendo que es obligación de cualquier cargo público, sobre todo de un Alcalde, e independientemente de quien gobierne, el exigir a la Administración competente unos servicios básicos de calidad porque de ello depende el bienestar del conjunto de la población y que así lo hará su grupo en el próximo Pleno.
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