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Los sindicatos reclaman que se cubran las 147 plazas de funcionarios de prisiones vacantes en Castilla-La Mancha

Los sindicatos reclaman que se cubran las 147 plazas de funcionarios de prisiones vacantes en Castilla-La Mancha

Han explicado que en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha existe un 15 % de vacantes sin cubrir, una cifra que día a día se va incrementando con jubilaciones y fallecimientos que el Ministerio de Justicia se niega a reponer.

martes 19 de septiembre de 2017, 19:59h
Las organizaciones sindicales APFP, CCOO, CSIF y UGT, que representan a la mayoría de los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias, han denunciado el déficit estructural de empleados públicos que existe en las prisiones de Castilla-La Mancha donde no se han cubierto 147 plazas vacantes.

En rueda de prensa ofrecida por los representantes sindicales de estas organizaciones a nivel nacional, momentos antes de llevar a cabo una concentración ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, han denunciado el "grave problema de recursos humanos que sufren las prisiones castellanomanchegas".

Silvia Fernández, secretaria general de CCOO de Prisiones, ha explicado que en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha existe un 15 % de vacantes sin cubrir, una cifra que día a día se va incrementando con jubilaciones y fallecimientos que el Ministerio de Justicia se niega a reponer.

A estas vacantes sin cubrir, ha añadido, se une la falta de personal para cubrir la pérdida de empleo que se está produciendo por el envejecimiento que se registra en las prisiones y cuya sustitución no se contempla en la conocida como tasa de reposición.

En este sentido, ha señalado que es los centros penitenciarios de Albacete, Cuenca y Alcázar de San Juan la situación es "alarmante" ya que el 60 % de la plantilla tiene más de 51 años y que en los de Herrera de la Mancha, Ocaña I y Ocaña II casi el 50 % del personal supera esa edad.

Con mayores problemas

Los centros penitenciarios con mayores problemas de falta de personal son Herrera de la Mancha (Manzanares) con 36 vacantes y Albacete con 29, seguida por Ocaña I con 23, Ocaña II con 22, Cuenca con 21 y Alcázar de San Juan con 15.

Fernández ha afirmado que las prisiones de Castilla-La Mancha no tienen trabajadores suficientes para poder llevar a cabo las funciones de vigilancia y custodia de los internos, y menos para trabajar en su reinserción social.

Además, ha añadido que con los niveles de envejecimiento tan elevados los funcionarios "no pueden garantizar el orden y la seguridad ni la propia integridad física del personal en el interior de los centros penitenciarios".

Por ese motivo, ha indicado que los sindicatos vienen reivindicando una Oferta de Empleo Pública extraordinaria para recuperar la pérdida de efectivos en prisiones y la eliminación de la tasa de reposición para solventar el problema del envejecimiento.

2.500 vacantes sin cubrirse.-

Paco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), ha recordado que a nivel nacional hay actualmente 21.270 funcionarios cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fija que deben existir 23.000 lo que significa que "en la actualidad existen más de 2.500 vacantes sin cubrirse".

Llamazares ha lamentado que el Gobierno central en vez de apostar por convocar plazas públicas opte por la privatización de un servicio público con la contratación de vigilantes privados.

Por su parte, Antonio González, responsable federal del Prisiones en UGT, ha denunciado cómo en la actualidad el Ministerio de Justicia está conculcando los derechos de los trabajadores de prisiones al privarles de poder optar a la carrera administrativa.

Al que "está impidiendo a los funcionarios acercarse a sus lugares de origen optando a presentarse a las distintas vacantes que existen en prisiones cercanas a ellos", ha dicho, para añadir que a todo ello se suma el que siguen con sus retribuciones salariales congeladas que, ha concluido, "es injustificable".

Por último, José Manuel Couso, del sindicato C-SIF, ha indicado que los sindicatos consideran imprescindible un cambio de actitud del Gobierno para dar una respuesta a este grave problema.
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