El alcalde de Toledo y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha perdido el único clavo ardiendo al que se agarraba en su táctica de acose y derribo al Gobierno regional: la supuesta vinculación de Bárcenas al PP de Castilla-La Mancha a través del contrato para la recogida de basuras en Toledo.
Según informa La Tribuna, la ejecución del contrato para la recogida de la basura en Toledo vulneró la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Así lo entiende, haciendo suyos los argumentos del viceinterventor municipal, la Intervención General del Estado que, mientras no detecta irregularidades ni en el proceso de elaboración de los pliegos ni el trámite de adjudicación del concurso, cuantifica que los acuerdos adoptados con posterioridad a la firma del contrato generaron un sobrecoste para las arcas municipales de 11 millones de euros. El informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso Bárcenas y el presunto pago de comisiones, analiza no sólo el contrato y su adjudicación, sino los acuerdos posteriores.
Uno de estos acuerdos establece compensaciones a la concesionaria por los sobrecostes salariales ligados al nuevo convenio. El viceinterventor, contrario a estos pagos, manifestó su oposición utilizando la figura de la fiscalización con reparos suspensivos, que paraliza de manera automática la adopción del acuerdo afectado. Sin embargo, el reparo fue anulado por un decreto de Page, firmado el 24 de enero de 2008, eliminando así las discrepancias entre el viceinterventor y el Servicio de Obras e Infraestructuras.
Los primeros meses de la concesión no fueron fáciles debido al conflicto laboral que se originó por la negociación del nuevo convenio colectivo. La falta de acuerdo entre la dirección de la compañía y el comité de empresa desembocó en una convocatoria de huelga que irrumpió de lleno en la campaña electoral de 2007. A seis días de las elecciones municipales, los trabajadores comenzaron una huelga que duró horas, puesto que tras intensas negociaciones el por entonces concejal de Hacienda, Lamberto García-Pineda, firmó un protocolo de intenciones con la empresa y los trabajadores en el que el Ayuntamiento de Toledo se comprometía a asumir las reivindicaciones de la plantilla modificando el precio del contrato, un acuerdo que fue ratificado por una Junta de Gobierno celebrada cuatro días antes de la celebración de las elecciones en las que Molina no logró la mayoría para repetir mandato.
Ocho meses después, el 22 de enero de 2008, el viceinterventor señala por escrito que este acuerdo in extremis del Gobierno de Molina fue «nulo de pleno derecho puesto que se adoptó omitiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido». Entre otras cosas porque no se solicitaron los informes municipales preceptivos.
Esta consideración del viceinterventor, que ahora también es refrendada por la Intervención General del Estado, sale a colación en el informe que suscribe para informar del acuerdo rubricado el 28 de diciembre de 2007, ya por el nuevo concejal de Hacienda, Francisco Javier Martín Cabeza, y la empresa Sufi para el restablecimiento del equilibrio financiero de la concesión. Heredero de las estipulaciones recogidas en el protocolo firmado por su antecesor en la Concejalía, el documento recoge que el sobrecoste del nuevo convenio se compensará íntegramente por el Ayuntamiento de Toledo.
Es en este informe donde el viceinterventor, fiscaliza con «reparos suspensivos» el acuerdo cuyo coste para el Ayuntamiento se estipula en 11,3 millones de euros.
A su entender, «la empresa concesionaria del servicio debería tener previstas las revisiones salariales del personal dentro de los costes del servicio, siendo de su exclusiva responsabilidad la negociación colectiva con los empleados, origen exclusivo de los sobrecostes».
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