La presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, y el vicepresidente, Lorenzo Robisco, no han asistido al acto de conciliación fijado para en los juzgados de Guadalajara tras la demanda por calumnias interpuesta contra ellos por la portavoz del Grupo Socialista, María Antonia Pérez León. Según informa el PSOE en un comunicado, "hemos intentado evitar el proceso judicial, dándoles la oportunidad de rectificar las manifestaciones que hicieron, pero no ha sido posible y las querellas contra ambos seguirán adelante", ha señalado Pérez León.
Tanto Guarinos como Robisco vertieron acusaciones sin ninguna prueba contra Pérez León en relación con la supuesta desaparición de una cámara de vídeo de la Diputación, –que se ha detectado ahora cuando Guarinos lleva ya casi tres años como presidenta–, y con la gestión de la Fundación Apadrina un Árbol, en la que todas las decisiones se tomaron con el acuerdo unánime de los responsables de la Corporación, incluidos los del PP. Guarinos y Robisco han estado representados por un abogado, pero no ha habido posibilidad de acuerdo, ya que no han mostrado ninguna voluntad de retirar tales manifestaciones y tampoco han aportado prueba alguna para acreditarlas.
"Es una muestra más de una manera de hacer prepotente, en la que se utilizan los medios públicos al servicio de intereses personales y de partido. Ahora, todos los ciudadanos vamos a tener que pagar la defensa de Guarinos y de Robisco, como ya ha ocurrido en innumerables ocasiones durante este mandato", ha recordado la portavoz socialista. Baste recordar que Guarinos ha recibido cerca de 80 condenas por despidos improcedentes, que han costado más de un millón de euros a las arcas públicas.
"La marca de la casa está siendo el uso de la institución para perseguir cualquier disidencia, lo mismo con el personal que con la oposición e incluso los municipios que no gobierna el PP", ha agregado la portavoz socialista. Esta gestión absolutamente oscurantista quedó en evidencia ya el año pasado, cuando la Diputación de Guadalajara fue señalada como la menos transparente de España en un informe de la organización Transparencia Internacional.