Redacción | Domingo 04 de octubre de 2026
Hay momentos en política en los que lo responsable no consiste en resistir un día más, sino en reconocer que una etapa se ha agotado y devolver la palabra a los ciudadanos. España atraviesa uno de esos momentos.
Después de más de ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa, los españoles tienen derecho a hacer balance y a decidir si quieren que esta legislatura continúe o si prefieren abrir una nueva etapa. Cuando un Gobierno acumula problemas de enorme trascendencia y carece de un respaldo político suficiente para afrontarlos, la salida democrática son las urnas.
No lo digo desde la crispación. La política española necesita serenidad, responsabilidad y respeto al Estado de Derecho. Pero serenidad no significa resignación, y responsabilidad no puede confundirse con permanecer en el poder a cualquier precio. Es necesario la convocatoria de elecciones, hay que dar la palabra al pueblo.
Pocas cosas explican mejor el fracaso de estos años que la vivienda. Una generación que no puede acceder a una vivienda.
Para miles de jóvenes de Guadalajara, del Corredor del Henares y del conjunto de España, independizarse se ha convertido en una carrera de obstáculos. Comprar una vivienda resulta cada vez más difícil y encontrar un alquiler compatible con un salario normal es, en demasiadas ocasiones, una misión imposible. Los datos describen un problema que no admite propaganda: El Índice de Precios de Vivienda registró en el segundo trimestre de 2026 una subida interanual del 12,2%, según el INE y en la vivienda de segunda mano alcanzó el 12,9%. El debate debe centrarse en los resultados, ya que después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, la vivienda es mucho más cara y el acceso a ella constituye uno de los principales problemas de las jóvenes.
En Guadalajara lo conocemos bien. La presión residencial del Corredor del Henares, la escasez de oferta y la necesidad de poner suelo y patrimonio público al servicio de la vivienda asequible requieren políticas eficaces: más oferta, seguridad jurídica, movilización de suelo, rehabilitación de inmuebles públicos sin uso y colaboración entre administraciones. La vivienda no puede convertirse en un instrumento permanente de confrontación y tiene que volver a ser aquello que representó para millones de españoles: un proyecto de vida y una oportunidad de construir un patrimonio propio.
Lo sucedido este verano en Ceuta es extraordinariamente grave. Ceuta exige explicaciones y una política de Estado La cuestión trasciende el debate ordinario sobre inmigración y lo demuestra un informe policial remitido a la Audiencia Nacional que describió la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio como planificada y no espontánea y señaló la participación de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del país vecino. Cuando decenas de miles de personas atraviesan en pocas horas la frontera de una ciudad española, el Estado tiene la obligación de explicar qué ocurrió, qué información previa poseía, qué medidas adoptó y por qué fueron insuficientes.
Ceuta es España. Defender Ceuta, como defender Melilla o cualquier otro territorio español, no es una cuestión partidista: es una responsabilidad constitucional del Gobierno de España.
Por otra parte, las instituciones están sometidas a una erosión insoportable con el deterioro provocado por los distintos procedimientos judiciales e investigaciones por corrupción que han afectado a personas del entorno político o familiar del presidente del Gobierno y a responsables relevantes del PSOE.
En un Estado de Derecho hay una regla que debemos preservar siempre: corresponde a los jueces determinar las responsabilidades penales. Y existe también la responsabilidad política de un presidente del Gobierno que no puede pretender que una sucesión de investigaciones y condenas a su entorno, que alcanzan a personas de máxima confianza, familiar y política, carezcan de trascendencia pública. Dar explicaciones y asumir responsabilidades forma parte de la obligación de cualquier Gobierno.
España necesita instituciones fuertes, no instituciones utilizadas como trincheras partidistas.
Vivienda y coste de la vida, abandono de Ceuta e inseguridad de nuestras fronteras y el deterioro de calidad institucional por la corrupción del entorno de Pedro Sánchez, son cuestiones actuales y suficientemente importantes como para que los españoles puedan pronunciarse sobre ellas, y no se puede prolongar indefinidamente esta situación ni tampoco dedicar otro año a comprobar qué cesión a sus socios de investidura, permite conservar una mayoría parlamentaria durante unas semanas más.
España necesita estabilidad y un Gobierno con un proyecto respaldado claramente por los ciudadanos. Las elecciones no son un problema para la democracia, sino que son la solución democrática cuando la política llega a un bloqueo de esta naturaleza.
Pedro Sánchez llegó al Gobierno pidiendo la confianza de los españoles. Después de ocho años debe someter su gestión y su proyecto al juicio de las urnas, para que explique sus decisiones y para que sean los ciudadanos quienes decidan sin miedo, sin dramatismos y sin atajos.
España pertenece a los españoles y la soberanía nacional reside en ellos, y cuando existe una duda profunda sobre el rumbo de una nación, en democracia hay un procedimiento sencillo, limpio y conocido por todos: abrir las urnas y escuchar.
#EleccionesYa
Antonio Román Jasanada
Diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara
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