Tales de Mileto y el Yebes de los privilegiados

Hay eclipses que duran unos minutos y otros que parecen prolongarse mucho más. El pasado 12 de agosto España contempló un fenómeno astronómico extraordinario. Pero, mientras millones de ciudadanos dirigían la mirada al cielo, comenzaba también otro eclipse, mucho más terrenal: el de la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de un Gobierno para aceptar preguntas incómodas.

La Subdelegación del Gobierno en Guadalajara ha presentado el eclipse como una demostración de coordinación institucional, excelencia científica y eficacia en materia de seguridad. Y hay razones para reconocer el trabajo de científicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, emergencias, tráfico y administraciones que hicieron posible que un acontecimiento de estas características pudiera desarrollarse en nuestra querida Guadalajara con normalidad. El propio artículo de opinión de la subdelegada destaca expresamente la labor de la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico y del dispositivo desplegado durante la jornada.

Hasta ahí, poco que objetar. El problema aparece cuando, en lugar de responder a las preguntas sobre la utilización de recursos públicos, se decide convertir la crítica en el problema. El artículo titulado Democracia eclipsada sostiene que los “mitos del siglo XXI”, identificados con “la desinformación y los bulos”, quisieron eclipsar la racionalidad y concluye apelando a una ciudadanía que debe escoger entre “la admiración astronómica” y “la crispación informativa e irresponsable”. La cuestión es sencilla: ¿preguntar por el dinero público es desinformar?

Porque una democracia madura no debería tener miedo a que los ciudadanos pregunten cuánto cuesta un acto, quién fue invitado, qué servicios se contrataron, con qué procedimiento y cuál fue el coste final. Al contrario: cuanto más dinero público se utiliza, mayor debe ser la transparencia. Y aquí es donde las declaraciones de Óscar Puente adquieren especial relevancia. El ministro es precisamente una de las voces del Gobierno que con frecuencia exige responsabilidades, critica el gasto o cuestiona la gestión de administraciones gobernadas por sus adversarios políticos. En julio, por ejemplo, protagonizó un duro enfrentamiento público con Isabel Díaz Ayuso en el que acusó a gobiernos del PP de reducir servicios públicos y posteriormente pedir ayuda al Gobierno central.

La vara de medir, sin embargo, debería ser siempre la misma. Si un gobierno autonómico tiene que explicar en qué gasta el dinero de los ciudadanos, el Gobierno de España también. Si la oposición debe justificar cada euro de sus administraciones, el Ejecutivo central debe estar dispuesto a hacer exactamente lo mismo. Y si una crítica es legítima cuando se dirige al adversario, también lo es cuando se dirige al propio Gobierno. Eso no es crispación. Eso es democracia.

Resulta especialmente llamativo que un texto dedicado a reivindicar la racionalidad termine presentando cualquier cuestionamiento como una amenaza informativa. La ciencia enseña precisamente lo contrario: una afirmación no se convierte en verdadera porque la formule una autoridad, sino porque puede ser comprobada. El propio Observatorio de Yebes, al que el artículo dedica buena parte de sus elogios, representa perfectamente esa idea. Es una institución científica de enorme valor y el Gobierno ha destacado su relevancia internacional y su contribución al conocimiento del espacio.

Precisamente por eso conviene separar dos cosas que no deberían mezclarse: el extraordinario valor científico del eclipse y la gestión política que se haga alrededor de él. Nadie cuestiona que España haya vivido un acontecimiento excepcional. Nadie debería cuestionar tampoco el trabajo de los científicos o de quienes garantizaron la seguridad. Pero tampoco debería considerarse ilegítimo preguntar si determinados gastos vinculados a la organización fueron razonables, necesarios y proporcionados.

La denuncia política que ha circulado cifra en 72.358 euros el coste de un acto con ministros e invitados y habla de unas 300 personas, comida, bebida y actividades durante horas; por tanto la pregunta de fondo seguiría siendo perfectamente legítima: ¿qué se pagó con dinero público y por qué?

Y ahí es donde una respuesta política basada en desacreditar al crítico resulta insuficiente. Porque llamar “bulo” a una información no demuestra que sea falsa. Calificar de “crispación” una pregunta tampoco la responde. Y acusar a quien pide explicaciones de irresponsabilidad no sustituye a enseñar las facturas.

Hay una paradoja especialmente llamativa en todo esto. La Subdelegación reivindica que el eclipse permitió poner en valor el Observatorio de Yebes, una infraestructura científica que considera una de las joyas de la investigación española. Pero la ciencia funciona precisamente mediante la comprobación, la evidencia y la posibilidad de cuestionar las afirmaciones. Ese debería ser también el principio de la política. Si los 72.358 euros están justificados, que se publiquen los contratos y las facturas. Si el número de invitados está justificado, que se explique quiénes fueron y en qué condición participaron. Si las actividades fueron necesarias para la organización del acontecimiento, que se detalle su finalidad. Y si todo se hizo conforme a la legalidad y con criterios de austeridad, no debería existir ningún problema en explicarlo. Eso sería transparencia. Lo contrario corre el riesgo de producir un eclipse mucho más preocupante: aquel en el que la propaganda institucional termina ocultando las preguntas legítimas de los ciudadanos.

El eclipse astronómico nos recordó que durante unos minutos la luz puede desaparecer en pleno día. El debate político de estos días corre el riesgo de enseñarnos otra cosa: que también la transparencia puede quedar en penumbra cuando quienes gobiernan confunden la crítica con un ataque y las preguntas con desinformación. La democracia no consiste en que el Gobierno tenga siempre la última palabra, consiste en que los ciudadanos puedan hacer preguntas y exigir respuestas. Y, sobre todo, en que esas respuestas estén acompañadas de datos. Porque cuando se habla de dinero público, la mejor forma de combatir los bulos no es descalificar al que pregunta, es enseñar las cuentas y no en enrocarse que Sánchez al final no vino.

¿Qué pensaría Tales de Mileto si levantara hoy la mirada hacia el Observatorio de Yebes y descubriera que un espacio científico pagado con recursos públicos terminó convertido en escenario de una celebración reservada a ministros, invitados, familiares, amigos y personas próximas al poder?

Probablemente no le preocuparía demasiado si vino al final Sánchez o no. Le preocuparía algo bastante más profundo: para quién está el conocimiento y al servicio de quién están las instituciones públicas. Porque el verdadero paso del mito al logos no consiste únicamente en mirar al cielo y calcular cuándo llegará un eclipse. Consiste también en aplicar la razón allí donde resulta incómoda: preguntar, comprobar, contrastar y exigir explicaciones.

Y si el argumento para defender aquella jornada es que todo fue ejemplar, entonces la respuesta racional debería ser sencilla: enseñar las cuentas, explicar los contratos y aclarar quiénes fueron invitados y por qué. Eso sí sería honrar el legado de Tales.

Porque convertir la ciencia en escaparate institucional mientras se pretende que las preguntas incómodas son “bulos” sería, paradójicamente, recorrer el camino contrario al que la propia subdelegada reivindica. Del logos al relato. De la razón a la propaganda. Del conocimiento al privilegio. Y quizá esa sea la verdadera pregunta que deja este eclipse:

¿Estamos ante un conocimiento puesto al servicio de todos los ciudadanos o ante unas instituciones públicas puestas al servicio de los amigos del poder?

Antonio de Miguel