Miércoles 29 de julio de 2026
Algo está fallando de manera profunda en la arquitectura institucional de nuestro país cuando la política deja de proteger valores tan fundamentales como la estabilidad laboral, la dignidad profesional y el derecho a un horizonte vital seguro de quienes sostienen, día a día, el funcionamiento legal y económico de la Administración Local. La precariedad no es una abstracción teórica ni una simple variable presupuestaria; tiene nombres de personas, rostros concretos y consecuencias devastadoras en forma de ansiedad, incertidumbre y vulnerabilidad para miles de familias.
En el ámbito de la Administración Local, y muy especialmente en los pequeños y medianos municipios que vertebran la España rural, la figura de los Secretarios, Interventores y Tesoreros interinos constituye una piedra angular indispensable. Resulta una paradoja tan sangrante como inaceptable que quienes tenemos atribuida la responsabilidad constitucional y legal de velar por la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo y el control interno de los recursos públicos nos encontremos sumidos en un estado de provisionalidad indefinida y fraude en la contratación temporal prolongado durante años, e incluso décadas.
Un papel estructural acreditado en el corazón del mundo rural
No se puede calificar de “accidental” o “coyuntural” aquello que resulta técnicamente imprescindible para que un consistorio abra sus puertas cada mañana. Sin la firma y el dictamen técnico de un Secretario-Interventor, un ayuntamiento queda paralizado: no se pueden celebrar plenos municipales, ni licitar obras de infraestructuras básicas, ni aprobar los presupuestos locales, ni otorgar licencias urbanísticas, ni abonar las nóminas de los empleados públicos o las certificaciones a los proveedores locales. Mantener a profesionales de la Habilitación Nacional en régimen interino de forma continuada cubriendo vacantes estructurales vulnera la lógica jurídica más elemental y el propio sentido común.
Si la necesidad que satisface el empleado público es permanente y estructural, la respuesta de la Administración no puede seguir siendo precaria y contingente. La continuidad de los servicios esenciales en el mundo rural descansa sobre hombros interinos.
Nuestra labor va mucho más allá de la mera burocracia administrativa. Es una presencia técnica a pie de campo que da respuesta a las complejidades específicas de la vida rural. Cuando los incendios forestales asolan nuestros montes y amenazan los cascos urbanos de nuestros municipios, el trabajo de emergencias no concluye con la extinción de las llamas. Es en las dependencias municipales donde los secretarios e interventores interinos asumimos la tramitación maratoniana de miles de expedientes de emergencia, la evaluación técnica y contable de los daños, la justificación de subvenciones catastróficas y la articulación urgente de contratos para restablecer los servicios públicos básicos en tiempo récord.
Servicio público ante el reto social, territorial y agrario
Asimismo, en el día a día de nuestros pueblos, afrontamos la gestión de expedientes urbanísticos complejos y la protección del suelo no urbanizable frente a infracciones. A ello se suma la asistencia y articulación administrativa prestada a colectivos vulnerables y esenciales en el ámbito rural, como son los trabajadores temporeros e inmigrantes que sustentan las campañas agrícolas. Garantizar sus derechos, su padrón municipal, sus licencias y la intermediación en servicios sociales requiere un compromiso humano e institucional que ejercemos diariamente con absoluta dedicación.
En cientos de municipios de la España rural, el Secretario-Interventor interino es la única figura con capacitación técnica superior. Su permanencia garantizada es el único dique de contención frente a la inseguridad jurídica, la indefensión de los vecinos y el abandono administrativo.
La inacción política frente al mandato del Derecho Europeo
Frente a este compromiso técnico ineludible, asistimos con estupefacción a una clase política que opta sistemáticamente por mirar hacia otro lado. Se exige rigor inflexible, responsabilidad civil, penal y contable al funcionario interino, mientras las distintas Administraciones dilatan, bloquean o desnaturalizan las soluciones de estabilidad que exige el marco normativo y la contundente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La política parece volcar mayores energías en garantizar su propia permanencia o en cálculos electorales que en resolver el abuso en la temporalidad que afecta a miles de servidores públicos.
España no puede ignorar que la pertenencia a la Unión Europea exige el cumplimiento estricto de sus directivas y de las sentencias relativas a la sanción del abuso en la contratación temporal. No estamos reclamando privilegios ni exenciones injustificadas: exigimos el reconocimiento pleno de la capacidad y el mérito ampliamente demostrados en el ejercicio diario del puesto durante años, así como una solución justa, proporcional y disuasoria que ponga fin a una precariedad que erosiona el propio Estado de Derecho.
Gobernar no consiste en postergar decisiones incómodas ni en utilizar la temporalidad como un instrumento de ajuste o comodidad institucional. Una sociedad madura y avanzada no puede proclamar la lucha contra la despoblación ni la defensa del medio rural mientras mantiene en la precariedad a quienes garantizan la pervivencia legal y económica de sus ayuntamientos. La dignidad humana y la seguridad jurídica no admiten más demoras ni excusas.
Desde la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) hacemos un llamamiento firme a las instituciones y a los representantes políticos: es hora de actuar con valentía, de acatar el mandato europeo y de restituir la dignidad a quienes, con rigor y entrega insustituible, sostenemos la vida de nuestros pueblos.
Lorenzo Campillo Ferrer
Presidente de la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI)
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