El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Guadalajara (ICA Guadalajara), Emilio Vega Ruiz, reflexiona sobre la situación que atraviesa la administración de Justicia en la provincia de Guadalajara, deteniéndose también para realizar un análisis de los problemas que preocupan y ocupan a los abogados, y sin olvidar las principales demandas y oportunidades que tienen los miembros del colegio profesional de Guadalajara por el mero hecho de ser colegiados.
1. ¿Cómo valora la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia?
Como Decano creo que tengo la obligación de hablar con franqueza, y la valoración no puede ser positiva. Una cosa es el texto de la norma, que sobre el papel partía de un diagnóstico razonable, y otra muy distinta lo que estamos viendo en los juzgados día tras día. Se ha puesto en marcha sin los medios materiales adecuados, sin un refuerzo suficiente de plantillas, sin una digitalización que funcione como debiera y, en nuestra opinión, sin haber escuchado lo bastante a quienes pisamos el juzgado cada mañana. El resultado era previsible: confusión, criterios dispares entre órganos, retrasos añadidos y, sobre todo, una carga adicional que está recayendo de lleno sobre los abogados y sobre los ciudadanos. La Abogacía advirtió de todo esto antes de la entrada en vigor, lo dijimos con claridad desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y por desgracia el tiempo nos está dando la razón. Una ley que se llama de eficiencia no puede traducirse en lo contrario, y ese es el riesgo que estamos viendo si no se corrige el rumbo cuanto antes.
2. En Guadalajara, ¿su puesta en marcha ha servido para descongestionar los juzgados en alguno de sus ámbitos?
Con sinceridad, en Guadalajara, no estamos viendo esa descongestión que se prometía; más bien al contrario, la situación nos preocupa cada día más. Conviene recordar que partíamos ya de un escenario tensionado: somos un partido judicial que ha crecido mucho en los últimos años por la cercanía con Madrid y por el desarrollo del corredor del Henares, con un volumen de asuntos que no se corresponde con los medios disponibles. La aplicación de la ley, lejos de aliviar esa carga, ha incorporado nuevos trámites y exigencias sin que se hayan reforzado de manera suficiente las plantillas ni los medios. Los compañeros del Colegio nos lo trasladan a diario: señalamientos cada vez más alejados en el tiempo, tramitaciones que se prolongan y la sensación, compartida, de que todavía estamos lejos del objetivo que la norma se planteaba.
A esto se suma una cuestión que para la Abogacía resulta especialmente delicada: el acceso a las oficinas judiciales. Estamos viendo cómo, en la práctica, se está tratando al abogado al mismo nivel que a cualquier ciudadano que acude al juzgado, y eso no se ajusta al papel que tenemos como colaboradores de la Administración de Justicia y a la función reconocida que desempeñamos. Es algo que estamos trasladando con respeto pero con firmeza. Y, además, ocurre en un momento en el que Atenea-Horus, la herramienta llamada a sustituir parte de la atención presencial, no termina de funcionar como debiera. Mientras esa plataforma no esté plenamente operativa y resuelva los problemas que hoy padecemos, entendemos que no es razonable restringir la presencia de los abogados en la oficina judicial. El orden lógico es claro: primero los medios y las herramientas que funcionen, después cualquier otra reorganización. Necesitamos, en definitiva, un plan específico de refuerzo para Guadalajara, porque lo que está en juego es la tutela judicial efectiva de nuestros vecinos.
3. ¿Considera, como se apuntaba en su creación, que ha permitido agilizar la tramitación de los procedimientos en todos los ámbitos y que, por tanto, cambiaría las estrategias de los abogados?
Con los datos en la mano, no. La realidad es que la ley no está agilizando la tramitación, en muchos casos la está ralentizando. Y eso lo decimos sin acritud, simplemente constatando lo que vemos cada día en los juzgados: nuevos trámites previos que se convierten en requisitos formales más que en vías reales de acuerdo, criterios dispares entre órganos, retrasos añadidos y una carga burocrática que recae sobre el abogado y, en última instancia, sobre el ciudadano. La obligatoriedad de acudir a un MASC (Medios Alternativos de Solución de Conflictos) antes de interponer determinadas demandas sí ha cambiado la estrategia procesal del abogado, eso es innegable, porque hoy tenemos que abordar cada caso con una perspectiva más amplia y valorar si la negociación o la mediación pueden resolverlo antes de judicializarlo. Pero una cosa es el cambio de estrategia, que asumimos con profesionalidad, y otra muy distinta sostener que la ley está cumpliendo su objetivo de agilización, porque sencillamente no lo está haciendo. Para que esa filosofía funcione harían falta medios, formación, herramientas digitales que funcionen y un reconocimiento real del trabajo del abogado. Sin eso, lo que tenemos es una reforma con buenas intenciones y una aplicación que perjudica al sistema y a quienes lo sostenemos.
4. Ha aludido a un específico de refuerzo para Guadalajara, en su opinión, ¿qué sería necesario para descongestionar los Juzgados provinciales?
El plan específico para Guadalajara está remitido al Ministerio de Justicia desde hace tiempo y son opciones que pasan por un refuerzo de asistencia al detenido, por un refuerzo en los distintos ámbitos de esa asistencia, como puede ser en violencia de género tanto de víctima como de imputado, o en el tema de extranjería. Hay una cuestión relevante que es que el Ministerio no ha tomado nota de la extensión de la provincia de Guadalajara y necesitamos más factor humano. Esto es lo que se le ha pedido al Ministerio desde hace unos años, pero sigue sin aportar soluciones. No obstante, seguiremos insistiendo.
5. En los últimos años se han sucedido los conflictos en el ámbito judicial, con huelgas y paros convocados por distintos funcionarios, e incluso los abogados han llegado a manifestarse públicamente. ¿Cómo se encuentra el sector de la abogacía en este momento?
La Abogacía española vive un momento de profundo malestar, y conviene decirlo con claridad. Los abogados hemos tenido que salir a la calle, algo que no es habitual en nuestra profesión, porque las reivindicaciones históricas seguían sin respuesta: la cuestión de la mutualidad, las condiciones del Turno de Oficio, la falta de medios en los juzgados, la sobrecarga burocrática... Lo que se percibe es una profesión cansada de aguantar el peso de un sistema que no termina de modernizarse y que, sin embargo, cuando hay una huelga de funcionarios, recae de lleno sobre nuestros despachos. Pero también percibo, y esto es importante, una Abogacía más unida que nunca, más consciente de su fuerza colectiva. Desde el CGAE estamos canalizando ese sentir y trasladándolo al Ministerio con firmeza institucional.
6. Una reivindicación acuciante para la Abogacía es la pasarela al régimen general de la Seguridad Social para los mutualistas que han quedado desamparados. ¿Considera que se está más cerca de obtener un final?
Esta es probablemente la cuestión más sangrante que tenemos sobre la mesa. Estamos hablando de compañeros y compañeras que han cotizado puntualmente toda su vida profesional y que, llegado el momento de la jubilación, se encuentran con pensiones absolutamente insuficientes, en muchos casos por debajo del salario mínimo. Es una injusticia que clama al cielo. Desde el CGAE llevamos tiempo trabajando, junto con otras profesiones afectadas, para que se habilite una pasarela que permita reconocer esos años de cotización en el régimen general. Hay avances en el diálogo y existe sensibilidad política, pero seguimos sin un compromiso firme y con calendario. Estamos más cerca que hace dos años, sí, pero no lo suficiente. Y mientras tanto, hay abogados jubilándose en condiciones indignas. Esto no admite más demora.
7. En cuanto al Turno de Oficio, ¿considera que está siendo más valorado en los últimos tiempos? ¿Atienden los pagos de manera suficiente y puntual?
El Turno de Oficio es la joya de la corona del derecho de defensa en España, y conviene recordarlo siempre: garantiza que cualquier persona, con independencia de sus recursos, tenga un abogado a su lado. Y eso lo sostienen miles de profesionales con una vocación enorme y, dicho con franqueza, con unos baremos que están muy por debajo de lo que correspondería al servicio público que prestan. ¿Está más valorado? Socialmente sí, hay un reconocimiento creciente. ¿Económicamente? No estamos donde deberíamos. Los pagos en algunos territorios son razonablemente puntuales, en otros sigue habiendo retrasos inaceptables, y los baremos en general son insuficientes y no se han actualizado al ritmo del coste real del ejercicio. Desde el ICAGU y desde el CGAE seguimos exigiendo una revisión seria, un baremo digno y la actualización automática vinculada al IPC.
8. En este año 2026 se han cumplido 30 años desde la promulgación de la Ley que garantiza la Asistencia Jurídica Gratuita. ¿No considera que sería necesaria su reforma? ¿Qué demandas de la Abogacía sería necesario introducir?
Treinta años son muchos años, y la realidad social, procesal y tecnológica de 1996 no tiene nada que ver con la de 2026. La reforma es necesaria, urgente y, además, debería hacerse contando con la Abogacía desde el principio. ¿Qué demandas tendríamos que introducir? Empezando por una financiación suficiente y garantizada, blindada frente a vaivenes presupuestarios. En segundo lugar, una actualización profunda de los baremos, con criterios objetivos y revisión automática. En tercer lugar, el reconocimiento del trabajo real del abogado de oficio, incluyendo todas las actuaciones que hoy no se retribuyen pese a ser imprescindibles. Y, por supuesto, mecanismos ágiles de pago y un reconocimiento institucional acorde con la función constitucional que cumplimos. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo que la garantía constitucional del artículo 119 se sostenga sobre cimientos sólidos.
9. ¿Cree que a poco más de un año vista para las elecciones el Ministerio de Justicia se comprometerá a realizar las mejoras de este sistema de asistencia jurídica gratuita y a atender otras demandas de la Abogacía?
Quiero ser optimista, pero también realista. Los años preelectorales son, paradójicamente, momentos en los que las grandes reformas tienden a aplazarse y, a la vez, en los que hay más sensibilidad para escuchar a los colectivos. Desde el CGAE estamos manteniendo una interlocución constante con el Ministerio y vamos a exigir compromisos concretos, con calendario y con dotación presupuestaria, no declaraciones de intenciones. La Abogacía no se va a conformar con buenas palabras. Si llegamos al periodo electoral sin avances tangibles en la mutualidad, en el Turno de Oficio y en la asistencia jurídica gratuita, lo diremos alto y claro. Tenemos la legitimidad y, modestamente, también la fuerza institucional para hacerlo.
10. Son muchos los cursos formativos que está ofertando el ICA de Guadalajara en los últimos tiempos. ¿Considera que el aprendizaje continuo es necesario para garantizar un buen ejercicio profesional?
Absolutamente imprescindible, y ese es uno de los compromisos más firmes del ICAGU. El derecho cambia a una velocidad vertiginosa: nuevas leyes, jurisprudencia europea, transformación digital, inteligencia artificial, protección de datos, criptoactivos... El abogado que se quede quieto, queda fuera. Por eso hemos hecho una apuesta decidida por la formación continua, con un programa amplio, accesible y diseñado escuchando lo que los compañeros nos piden. La formación ya no es un complemento, es parte del núcleo de la deontología profesional: un abogado bien formado es la primera garantía para el ciudadano. Y aprovecho para reconocer el esfuerzo de los colegiados que, además de su día a día, dedican tiempo a seguir aprendiendo. Eso dignifica la profesión.
11. Una de las últimas apuestas del ICA de Guadalajara es la mediación. ¿Cree que es un campo, el de la solución de conflictos, en crecimiento y lleno de posibilidades para los abogados?
Sin ninguna duda. La mediación, y los métodos adecuados de solución de controversias en general, son una de las grandes oportunidades profesionales de esta década. Y digo oportunidades en plural: para el ciudadano, que resuelve su conflicto de forma más rápida, más barata y muchas veces preservando relaciones personales o comerciales; y para el abogado, que encuentra un terreno enorme donde desplegar competencias que ya tiene: conocimiento del derecho, capacidad de negociación, comprensión del conflicto. En el ICAGU hemos apostado fuerte por formar a nuestros colegiados en este ámbito, porque estamos convencidos de que el abogado del futuro inmediato no será solo el que litiga, sino también el que evita el litigio cuando es posible. Y eso, lejos de quitarnos trabajo, abre un campo profesional nuevo y muy necesario.
12. ¿Qué opinión le merece el protagonismo que se le ha dado a la Abogacía en el proceso de regulación extraordinaria de extranjeros?
Es un reconocimiento que valoro positivamente y que llega en buen momento. La Abogacía ha demostrado, una vez más, que es un actor imprescindible en los procesos que afectan a los derechos de las personas más vulnerables. Hablamos de un colectivo, el de los extranjeros en situación administrativa irregular, que necesita asesoramiento jurídico cualificado, riguroso y con garantías, y eso solo puede hacerlo un abogado. Que las instituciones cuenten con nosotros desde el diseño del procedimiento es lo correcto y lo que debería ocurrir siempre que se legisla en materia de derechos. Ahora bien, ese protagonismo conlleva una responsabilidad enorme y también una carga de trabajo que requiere medios. No basta con encomendarnos la función: hay que dotarla, formar a los compañeros que la asumen y reconocerla adecuadamente.
13. ¿Tiene miedo de que la IA afecte a la esencia de los textos jurídicos y que se abuse de ella?
Miedo no es la palabra. Diría más bien respeto y vigilancia. La inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria que va a transformar nuestra profesión, eso es indiscutible, y negarse a ello sería un error. Bien utilizada, nos libera de tareas repetitivas y nos permite dedicar más tiempo a lo que verdaderamente aporta valor: el análisis, la estrategia, la relación con el cliente, el criterio jurídico. Ahora bien, también tenemos que ser muy claros: un escrito jurídico no es un texto cualquiera, compromete derechos, libertades, patrimonios, a veces vidas. La IA no puede sustituir al abogado, ni en el criterio ni en la responsabilidad. Y abusar de ella, aceptarla acríticamente, generaría errores graves y, lo que es peor, un deterioro de la calidad técnica de los escritos. Desde el ICAGU estamos formando a los colegiados precisamente en eso: en usar bien la herramienta, conociendo sus límites éticos y deontológicos.
14. ¿Qué consejo le trasladaría a una persona que estuviera pensando en montar su despacho de abogado en Guadalajara?
Le diría, en primer lugar, que adelante, que es una decisión valiente y que Guadalajara es una buena tierra para ejercer: una provincia con dinamismo, con cercanía y con una abogacía acogedora. En segundo lugar, le diría que no está solo. El Colegio existe precisamente para acompañar al compañero que empieza, con formación, con asesoramiento, con ayuda en los primeros pasos, y le animaría a apoyarse en él desde el primer día. En tercer lugar, le insistiría en algo que me parece esencial: especialízate, fórmate continuamente, cuida la deontología por encima de todo y construye tu reputación día a día, cliente a cliente. Y, por último, le diría que no pierda nunca de vista por qué eligió esta profesión. Ser abogado, con todas las dificultades que tiene, es un privilegio: estamos al servicio de los derechos de las personas, y eso da un sentido al trabajo que pocas profesiones pueden ofrecer.