Tanto la víctima como su perro sufrieron heridas graves que requirieron dos intervenciones quirúrgicas. La actuación rápida de una vecina fue determinante para evitar consecuencias más graves.
Redacción | Lunes 18 de mayo de 2026
La Guardia Civil del puesto de El Casar (Guadalajara) ha investigado a una vecina de 40 años de Galápagos como presunta autora de un delito grave de lesiones y de un delito de maltrato animal. Los hechos tuvieron lugar el 4 de mayo en la urbanización Montelar de esta localidad guadalajareña, cuando los tres perros de la investigada —clasificados como de raza potencialmente peligrosa— se escaparon de la vivienda donde estaban y atacaron a una mujer que paseaba con su perro por la zona residencial.
El ataque provocó heridas graves en la víctima y en su animal. Ambos tuvieron que ser sometidos a dos intervenciones quirúrgicas para tratar las lesiones sufridas. Según informó la Guardia Civil en un comunicado, la intervención de una vecina del entorno fue decisiva para frenar el ataque y evitar que las consecuencias fueran aún más graves.
La investigación se centra en la presunta falta de custodia y vigilancia de los animales por parte de su propietaria. Los perros se encontraban en el interior de la vivienda, pero lograron escapar, lo que apunta a un fallo en las medidas de seguridad exigidas por la normativa para la tenencia de animales de estas características.
La Guardia Civil aprovechó el caso para recordar las obligaciones legales que conlleva la tenencia de perros clasificados como de razas potencialmente peligrosas. Su propietario debe obtener previamente una licencia administrativa expedida por el municipio de residencia, para cuya concesión es necesario cumplir varios requisitos acumulativos.
Entre las condiciones exigidas figuran ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal; no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico; no tener antecedentes por infracciones en materia de tenencia de animales peligrosos; presentar un certificado de aptitud psicológica; y haber suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
El incumplimiento de estas exigencias puede derivar, como en este caso, en la apertura de un procedimiento penal que abarque tanto las lesiones causadas a las víctimas como los delitos relacionados con el bienestar animal. La normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos lleva años suscitando debate en España, y los casos de ataques con consecuencias graves vuelven periódicamente a la actualidad como recordatorio de la importancia de su cumplimiento estricto.
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