Redacción | Lunes 11 de mayo de 2026
El presidente de APAG, Juan José Laso ha explicado hoy en rueda de prensa, junto a varios colectivos y agricultores afectados, los motivos de la oposición al proyecto solar fotovoltaico Haza del Sol, promovido por Alfanar Energía, en el término municipal de Fuentelencina, que ocupa 275 hectáreas y cuya línea de evacuación- de más de 41 kilómetros, afecta a decenas de municipios de la comarca de La Alcarria.
Laso ha basado su postura en cuatro argumentos principales: por su grave impacto paisajístico, porque es una agresión al sector agrícola y ganadero, porque es una alteración de un ecosistema muy particular en la Alcarria que hay que proteger “y por último y quizás la razón más principal, por el nulo beneficio de este parque fotovoltaico hacia Guadalajara. Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara”. Ha sentenciado.
Laso ha criticado la postura del Ayuntamiento de Fuentelencina, “que se ha posicionado a favor de este proyecto y en contra de todos los agricultores del municipio y de muchos de sus vecinos” y ha recordado que es precisamente el Ayuntamiento quien tiene las herramientas legales para regular esta actividad en su municipio. Por este motivo Laso ha pedido que se establezca una moratoria para abrir un período de discusión y de diálogo.
Por último, ha explicado que este proyecto tiene una casuística muy particular y es que el alcalde de este Ayuntamiento es la misma persona que el delegado de Agricultura de la Junta de Comunidades en Guadalajara: Santos López Tabernero-. “Se produce un hecho incomprensible e incongruente: un delegado de Agricultura favoreciendo a una empresa privada que produce electricidad, en contra de los intereses agrícolas y ganaderos de una provincia como es Guadalajara, cuyo papel es defender al sector”.
Por este motivo, ha pedido al Consejero de Agricultura que cese al delegado de Agricultura, en sus cargos; al mismo tiempo que ha reclamado la actuación de otras administraciones como la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades, para que pidan una revisión de este proyecto al Ministerio de Transición Ecológica.
Aurelio Brihuega, propietario y agricultor afectado ha hablado en representación del resto de afectados que se han constituido en la plataforma. Ha explicado que la primera noticia que tuvieron sobre el proyecto fue hace unas semanas –aunque los primeros pasos se dieron en 2021- al recibir unas cartas de la empresa en las que se les daba un ultimátum de 15 días para llegar a un acuerdo para le cesión de sus tierras, o si no pasarían a la expropiación forzosa, pidiendo la declaración de Utilidad Pública. Ante la falta de información de vecinos y afectados se solicitó una reunión al Ayuntamiento, que se celebró el miércoles pasado y en la que la conclusión es “que se han puesto de perfil y aseguran que no están a favor de la expropiación pero que no pueden hacer nada”.
Aurelio reprocha que si se les hubiera informado, podrían haber hecho alegaciones al estudio de impacto ambiental, porque ningún agricultor se lee el BOE todos los días”. En su caso hace cuatro años hizo una inversión importante en una plantación de almendros, con vallado y riego de apoyo y colmenas que ahora se vería afectada por el parque solar.
Aseguran que hay entre 40 y 50 agricultores se ven afectados por este proyecto y que “el que quiera está en su derecho de vender, pero a los demás que no nos quiten las tierras. Ahora mismo nos sentimos desprotegidos totalmente. Es triste decirlo, pero es así.”
Víctor Plaza, agricultor de Fuentelencina, y representante de Jóvenes de APAG ha asegurado que “aquí no solamente estamos hablando de energía solar, sino de explotaciones familiares y inversiones de jóvenes que apuestan por el futuro y por estar en los pueblos”. Plaza se queja de la contradicción que supone que se trabaje por el relevo generacional, animando a los jóvenes a incorporarse al campo, a hacer inversiones, a comprar maquinaria, etc..; jóvenes que se han comprometido durante 5 años y que de seguir adelante este proyecto, incumplirían el compromiso y podrían enfrentarse a sanciones e incluso a tener que devolver la ayuda recibida; “lo cual es un disparate”, ha dicho y ha pedido al Ayuntamiento “que ponga medios para parar este proyecto- que los tiene, que escuche a sus vecinos y no se mantenga al margen”.
Tino Tovar, presidente de ecologistas en Acción en Guadalajara y miembro de la Plataforma Aliente, ha denunciado la “enorme prepotencia de las empresas promotoras de plantas fotovoltaicas, en este caso y en otros similares”. Este colectivo ha contactado con la Consejería de Desarrollo Sostenible para denunciar estas prácticas, “y nos llama la atención -ha señalado- que siendo conocedores de estas prácticas que no les sorprenden, no se apoye públicamente a los propietarios que no quieren ceder sus terrenos”.
Ecologistas en Acción presentó alegaciones en su día al estudio de Evaluación Ambiental del proyecto, pero ha ocurrido como en otras ocasiones: “se nos ignora sistemáticamente”.
Tovar dejaba claro que “estamos a favor de las energías renovables, pero de manera ordenada; no de esta forma perjudicando a agricultores y perdiendo terrenos productivos, sino utilizando, líneas de autopistas e infraestructuras, en tejados industriales, terrenos degradados, etc..”.
El proyecto se encuentra en estos momentos con la Declaración de Impacto Ambiental favorable, a excepción de la línea de evacuación, y a falta de la Declaración de Utilidad Pública, a la que se alegará cuando salga a consulta pública. El Ayuntamiento de Fuentelencina tiene su Plan de Ordenación Municipal a falta de finalizar y podría incluir en él la zonificación para delimitar dónde se puede y dónde no, ubicar placas solares en su municipio, como ya han hecho otros ayuntamientos de la provincia como Cabanillas, Brihuega o Viñuelas.
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