Durante los últimos meses, la Policía Local de Azuqueca de Henares ha atravesado una situación que ha generado inquietud en la plantilla: la percepción incompleta de sus salarios en la fecha habitual de pago. Este retraso en el abono íntegro de las nóminas no sólo afecta a la estabilidad económica de los agentes, sino que también incide en la moral y en las condiciones en las que desempeñan un servicio esencial para el municipio.
El correcto funcionamiento de la seguridad pública depende, en gran medida, del compromiso y la profesionalidad de quienes la garantizan. Sin embargo, este tipo de incidencias administrativas o económicas puede erosionar la confianza interna y dificultar la planificación personal de los trabajadores y trabajadoras. A ello se suma la preocupación por la repetición de la situación en meses casi consecutivos, lo que intensifica la sensación de incertidumbre.
En este contexto, los ediles de Izquierda Unida han trasladado públicamente su preocupación y han exigido explicaciones al equipo de gobierno. María José Pérez Salazar ha reclamado transparencia y responsabilidad, preguntando de forma directa cuáles son las causas que han motivado que los agentes no estén percibiendo su salario completo en tiempo y forma. Asimismo, ha instado al ejecutivo municipal a aclarar si se trata de un problema puntual o de una situación estructural en la gestión económica.
En la misma línea, Rodrigo Vasco ha solicitado conocer qué medidas concretas se van a adoptar para garantizar que esta situación no vuelva a repetirse, subrayando que, el personal no puede verse perjudicado por posibles fallos administrativos o de planificación presupuestaria. Además, ha insistido en la necesidad de ofrecer una respuesta clara y urgente tanto a los agentes afectados como al conjunto de la ciudadanía.
Por su parte, los agentes continúan desarrollando sus funciones con responsabilidad, manteniendo la vigilancia, la atención ciudadana y la respuesta ante emergencias. No obstante, se considera necesario que el Equipo de Gobierno adopte medidas urgentes para regularizar los pagos y evitar que esta situación se prolongue en el tiempo.
La resolución de este problema no solo es una cuestión laboral, sino también un elemento clave para preservar la calidad del servicio público y la confianza de la población en sus instituciones.