Redacción | Martes 10 de marzo de 2026
Izquierda Unida ha denunciado públicamente el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares del artículo 36.1 del Convenio Colectivo del personal municipal, en el que se establece que el personal municipal recibirá, en un pago único, las gratificaciones correspondientes según la edad de jubilación vigente.
La formación señala que el Consistorio no está aplicando lo recogido en dicho artículo, vulnerando así un derecho reconocido en el propio convenio y generando una situación de inseguridad y malestar entre la plantilla municipal. “No se puede exigir compromiso y profesionalidad a los trabajadores mientras se incumplen de manera reiterada los acuerdos firmados”, han manifestado los ediles de IU.
Asimismo, han mostrado su preocupación por la situación de los trabajadores y trabajadoras que se han acogido a la modalidad de contrato relevo. Según denuncian, en lugar de cotizar por el 100% de la base de cotización —como si estuvieran trabajando a jornada completa, tal y como corresponde en estos casos— el Ayuntamiento estaría cotizando únicamente por el 25%, lo que podría suponer un perjuicio directo en sus futuras prestaciones y derechos sociales.
IU considera especialmente grave que se esté jugando con las cotizaciones y el futuro de esas personas trabajadoras que han accedido a una modalidad legalmente regulada con unas condiciones claras, han señalado.
La formación exige al Ayuntamiento la aplicación inmediata del artículo 36.1 del Convenio Colectivo, el abono de las cantidades que correspondan en concepto de gratificaciones por jubilación y la regularización urgente de las cotizaciones de los trabajadores acogidos al contrato relevo.
Finalmente, IU ha anunciado que solicitará toda la documentación relativa a estas actuaciones y no descarta emprender acciones administrativas o legales si no se corrige esta situación de manera inmediata y conforme a la legalidad vigente. Asimismo, espera que el Equipo de Gobierno actúe con responsabilidad y diligencia para evitar un nuevo conflicto colectivo que termine en los tribunales, con el consiguiente coste económico que, en última instancia, recaería sobre el conjunto de los contribuyentes.
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