El Tribunal entiende que "los preceptos cuestionados de la ley 1/2012, al prever una reducción de las retribuciones y de determinados complementos por incapacidad temporal y un aumento de la jornada laboral, se limitan a establecer medidas de contención de gasto público que entran dentro de la competencia autonómica"
|
El Gobierno central aprobó el pasado 15 de abril la presentación del recurso e invocó el artículo 161.2 de la Constitución
|
